El convenio con ANSES no solo establece un flujo de fondos, sino también la transferencia de propiedades del Estado nacional. La valorización de terrenos, especialmente en zonas estratégicas como Puerto Norte en Rosario, genera expectativas y debates sobre su futuro uso.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó un amplio convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el cobro de la deuda previsional. El acuerdo, que incluye un flujo inicial de fondos por $120.000 millones, también establece un mecanismo de compensación mediante la transferencia de inmuebles de propiedad del Estado nacional, correspondientes al stock de deuda histórica.
Este aspecto del convenio, que va más allá del dinero líquido, implica que primero se deberán valorizar los terrenos para luego computarlos a cuenta de los créditos a favor de la provincia. La discusión sobre estos activos se reactiva, aunque aún resta definir múltiples aspectos.
Entre los bienes considerados se encuentran terrenos de alto valor, como las aproximadamente 8 hectáreas divididas en seis parcelas que la Nación posee en la zona de Puerto Norte, en Rosario, con vista al río Paraná. En su momento, el intendente Pablo Javkin consideró que estos terrenos representaban una «oportunidad» para desarrollos que integren el sector.
Sin embargo, la definición sobre qué inmuebles serán transferidos –si serán exclusivamente en Rosario o incluirán otras localidades como la ciudad de Santa Fe– es el primer paso pendiente. Una vez determinado, se anticipa una compleja discusión entre los distintos niveles de gobierno y actores privados respecto al destino final de las propiedades.
El Estado provincial evaluará su utilidad para relocalizar dependencias, ahorrar alquileres o destinar a planes de vivienda. Los municipios, como el de Rosario, podrían buscar participar en el esquema para concretar proyectos urbanos. Simultáneamente, existen expectativas del sector privado para realizar desarrollos inmobiliarios o comerciales.
La posibilidad de que estos terrenos tan preciados sean parte del acuerdo ya había generado advertencias sobre la necesidad de transparencia para evitar suspicacias, como señaló en su momento la ex intendenta Mónica Fein.
Este acuerdo marca una diferencia con la postura de 2024, cuando la provincia rechazó una propuesta inicial de la Nación por considerarla una imposición. Ahora, Santa Fe acepta la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, pero de forma limitada a la transferencia de inmuebles y con reservas. El stock total de la deuda puede ascender a unos 2 billones de pesos, por lo que no está claro si la compensación con propiedades será suficiente o si se requerirá dinero adicional para su cancelación total.
«Esto es lo inédito de este acuerdo político que integra más de un instrumento», explicaron fuentes del gobierno provincial, refiriéndose a la combinación de flujo financiero y compensación con activos.