Un hombre denuncia un patrón de falsas acusaciones en tribunales de familia de Rosario. Su caso, junto a otros seis, llevó a una denuncia penal contra profesionales por informes psicológicos que consideran perjudiciales.
M.D., un hombre de 58 años, no ve a su hija menor desde hace casi ocho años, luego de que su expareja lo denunciara por abuso sexual en 2019. Esas acusaciones fueron desestimadas por las fiscalías intervinientes en 2021, pero la restricción de acercamiento se mantiene. El padre sostiene que la denuncia se basó en el informe de una psicóloga miembro de una organización presidida por un exjuez federal.
Su caso es uno de los siete que, según sus abogados, presentan un patrón «que se repetía llamativamente» en los fueros de Familia y Penal de Rosario: denuncias por abuso sexual apoyadas en informes de dicha organización. Los letrados decidieron presentar una denuncia penal contra tres psicólogas por el daño «irreparable» que, alegan, generaron sus pericias.
«No tengo nada que ver con ningún político ni ninguna organización. Este es un verdadero drama para mí y un horror para la Justicia santafesina», expresó M.D. en diálogo con La Capital. Asegura tener una buena relación con la madre de sus otras dos hijas mayores, quien incluso se ofreció como testigo.
La última vez que vio a su hija menor fue en enero de 2019, cuando la niña tenía tres años y medio. Según relata, tras volver de vacaciones se enteró de la denuncia. «Desde ese día no puedo ver a mi hija por restricción de acercamiento, más allá de que las fiscalías desestimaron la denuncia», afirmó.
M.D. sospecha que la madre se habría llevado a la niña a vivir a Estados Unidos, donde la tenía escolarizada de manera virtual. Sus intentos por reencontrarse con ella han sido denegados. En una audiencia, según su testimonio, una jueza le habría dicho que «de ahora en adelante me tenía que transformar en un cajero automático, literalmente».
La abogada Viviana Cosentino, parte del grupo que defiende a estos padres, señaló que la única vez que se escuchó a la niña fue con un grabador colocado en su mochila sin conocimiento de las partes, y que luego se denunció a la jueza, el defensor oficial y la abogada de la niña. La letrada cuestionó que la jueza actual «decide sobre su vida sin haberla escuchado jamás».
En 2024, la abogada de la niña presentó un escrito indicando que la madre había apartado a su hija del espacio de acompañamiento jurídico mediante «conductas ilegales», lo que le impidió reunirse con la menor. M.D. mantiene la prohibición de acercamiento, sin que existan, según sus abogados, motivos que la justifiquen desde 2021.