El fiscal Sebastián Narvaja acusó formalmente a Luis Herrera y tres familiares, pidiendo penas de hasta 13 años de prisión por una presunta maniobra fraudulenta que habría causado un perjuicio de unos 30 millones de dólares a 85 inversores.
Una de las causas por estafas financieras que tuvo repercusión en Rosario en los últimos años avanzó hacia la etapa de juicio oral. El fiscal Sebastián Narvaja presentó una acusación parcial y urgente contra el financista Luis Herrera, titular de la firma ALyC Fernández Soljan S.A., solicitando para él 13 años de prisión efectiva. También pidió 9 años para su hijo Ignacio, y 5 años para Diego Herrera y para la esposa de Luis, Marcela Beatriz Fernández, además de la inhabilitación comercial para todo el grupo familiar.
La presentación se realizó ante el vencimiento de los plazos de la prisión preventiva que pesa sobre Herrera y sus hijos. Según la investigación fiscal, desde la empresa, habilitada como Agente de Liquidación y Compensación, se habría montado una estructura para captar ahorros ofreciendo colocarlos en operaciones del Chicago Board of Trade. La acusación sostiene que los fondos no se destinaron a esas inversiones, sino que fueron desviados o integrados a un esquema con características piramidales.
Para sostener la operatoria, se habrían entregado resúmenes de cuenta falsos, liquidaciones apócrifas y documentación que simulaba operaciones en mercados internacionales. Los fiscales consideran que este tramo de la causa constituye una plataforma acusatoria autosuficiente para avanzar hacia un juicio oral en un plazo razonable, aunque aclararon que la investigación sigue abierta.
Luis Herrera y sus familiares fueron imputados en noviembre de 2022 por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. La investigación, iniciada originalmente por el entonces fiscal Miguel Moreno, calcula un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares. En la causa hay 85 damnificados identificados y se abrieron 58 carpetas judiciales.
Tras cuatro años de investigación y el fracaso de un intento de juicio abreviado, la causa quedó encaminada hacia un juicio oral. Actualmente, todos los acusados permanecen en prisión preventiva, con excepción de Marcela Beatriz Fernández.