La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo saldar este viernes una partida de 2,5 billones de pesos para ajustes salariales en universidades. El Gobierno anunció que apelará el fallo.
Este viernes vence el plazo establecido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Gobierno nacional envíe los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal ratificó la vigencia de la norma y conminó al Ejecutivo a saldar una partida de aproximadamente 2,5 billones de pesos destinada a ajustar los salarios de docentes y no docentes, según lo establecido por la ley sancionada por el Congreso en 2025.
Fuentes oficiales indicaron que este mismo viernes se presentará una apelación ante el mismo fuero, con el objetivo de que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. El argumento central del Gobierno es la falta de fondos para cumplir con la norma sin comprometer el equilibrio fiscal.
La ley 27.795, sancionada en 2025, ordena una recomposición salarial retroactiva según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 e incluye una cláusula de ajuste mensual automático por IPC. Además, garantiza la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y protege programas como becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios.
Tras el veto presidencial y su posterior ratificación por el Congreso, el Gobierno intentó suspender la aplicación de la ley mediante un decreto, lo que generó una serie de presentaciones judiciales por parte de las universidades y gremios. El 31 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos del Estado, calificando sus argumentos como «poco serios» y señalando que el equilibrio fiscal no puede anteponerse al cumplimiento de leyes que protegen derechos constitucionales.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que propone una recomposición salarial escalonada con aumentos del 4,1% y elimina la garantía de ajuste por inflación de la norma vigente.