La reciente caída del precio del petróleo no se reflejará en una baja inmediata de las naftas en Argentina, según análisis del sector. La estructura de costos e impuestos explica la situación actual.
La abrupta baja del crudo Brent a 88 dólares no se traducirá en un alivio inmediato para los consumidores argentinos. A pesar del descenso en el valor internacional, desde el gobierno nacional se analiza una compleja ecuación que incluye el tipo de cambio, la carga impositiva y el atraso acumulado de las petroleras antes de considerar un ajuste en los surtidores.
Fuentes del sector descartan cualquier modificación a la baja en el corto plazo, ya que el precio local continúa alineado a un barril cercano a los 90 dólares. Se indica que solo se consideraría una reducción significativa si el valor internacional cayera drásticamente hasta niveles cercanos a los 60 dólares.
La estructura de costos revela que el 46,6% del precio final que paga el consumidor corresponde a impuestos. De ese total, el 41,5% se destina a las arcas de la Nación, el 3% a las provincias y el 2,1% a los municipios. Este esquema impositivo genera una dependencia fiscal que, según los analistas, quita incentivos a correcciones a la baja, sumado a que las refinadoras buscan aplicar seguros de cobertura para compensar futuras pérdidas.
El impacto de los combustibles en la economía es determinante. En el último año, las naftas y el gasoil aumentaron un 63,6%, duplicando el ritmo de la inflación general. Dado que los combustibles representan el 3,8% de la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno aplicó un congelamiento de 45 días para evitar que cada suba del 10% sume 0,38 puntos porcentuales a la inflación.
Finalmente, desde el Ejecutivo nacional tampoco se muestra interés en retrotraer los precios, considerando que la dinámica inflacionaria local dificulta que una baja en el surtidor se traslade al resto de la cadena logística o a los bienes de consumo. Sin una reacción oficial para aplicar la suba programada de un impuesto, el Gobierno apuesta a una estabilidad de precios mientras el conflicto en el estrecho de Ormuz mantiene en vilo el abastecimiento global.