Ante el aumento de denuncias falsas, las autoridades provinciales anunciaron que se exigirá el resarcimiento económico a los responsables y sus familias, además de las acciones penales correspondientes.
Ante un crecimiento de las denuncias por amenazas falsas de ataques a tiros en establecimientos educativos de la provincia, el gobierno de Santa Fe advirtió que habrá consecuencias efectivas para los implicados y sus familiares. Como medida concreta, se intimará a pagar el costo de los operativos policiales desplegados, cuyo monto base se estima en 5 millones de pesos.
“Este tipo de amenazas no son una broma, son un delito tipificado en el Código Penal. Y trae consecuencias, no solo hacia los estudiantes, sean punibles o no, sino para la propia familia”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity, durante una conferencia de prensa que compartió con su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
Los casos de llamados falsos advirtiendo sobre posibles tiroteos tomaron volumen tras el asesinato de un estudiante en una escuela de San Cristóbal, al punto que el pasado viernes se registraron 65 incidentes de este tipo en toda la provincia. En la conferencia, además de hacer un llamamiento a la concientización familiar, se alertó sobre las “consequencias reales” de estos actos.
Por ello, se anunció que este lunes se firmó una instrucción para que, además de las acciones legales, se persiga el cobro y recupero del gasto de los operativos como resarcimiento de los daños. “Un operativo básico y elemental de un hecho por amenaza de este tipo cuesta entre 5 y 6 millones por operativo, entre combustible, movilidad, horas extras del personal. No queremos que lo paguen los santafesinos con sus impuestos, sino que se perseguirá el cobro a los identificados”, detalló Cococcioni.
En ese contexto, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 16 años por amenazas a través de WhatsApp en el Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján, ubicado en la localidad de Pérez.
Las autoridades explicaron que, ante un hecho con apariencia delictiva, se realizan los procedimientos necesarios: detenciones, secuestros y allanamientos. “Hay que decir que una causa penal en el marco del Código Penal Procesal Juvenil de Santa Fe deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad”, afirmó Cococcioni, señalando que puede impedir, años después, acceder a un certificado de buena conducta o viajar al exterior, además de imponer reglas de conducta a los padres y, en casos extremos, la institucionalización de los menores.
Se confirmó que hay personas mayores y menores detenidas a disposición de la Justicia y que en los próximos días recibirán las cédulas e intimaciones para el resarcimiento de los daños.