Un reciente fallo judicial en Santa Fe eliminó la obligación de usar sistemas controlados durante las entrevistas entre abogados y presos de alto perfil en cárceles provinciales, lo que ha generado debate sobre el impacto en la seguridad.
Un fallo judicial reciente en la provincia de Santa Fe eliminó la obligatoriedad de utilizar sistemas controlados en las entrevistas entre abogados y presos de alto perfil alojados en cárceles santafesinas. A partir de ahora, cada profesional podrá decidir si emplea o no esos mecanismos, diseñados para evitar la circulación de información sensible sin supervisión.
La medida afecta a reclusos que, según fuentes oficiales, durante años operaron desde el interior de los penales generando violencia, extorsión y miedo en el exterior. El fallo se da en un contexto donde las autoridades provinciales habían implementado protocolos estrictos para recuperar el control de las cárceles y desmantelar estructuras de poder criminal.
El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, ha señalado que se trata de una discusión sobre el orden público y la seguridad ciudadana. Desde el Ejecutivo se remarca que el trabajo realizado para recuperar el control penitenciario requirió decisión política, inteligencia penitenciaria y protocolos claros, y que un fallo que debilite esos avances merece debate público.
Organismos de derechos humanos y sectores del ámbito judicial, en cambio, defienden el fallo argumentando que garantiza el derecho de defensa y la confidencialidad en la comunicación entre abogados y clientes. El tema ha abierto un debate en la provincia sobre el equilibrio entre la seguridad y las garantías procesales.