Manuela Olmos falleció el 17 de enero de 2025 tras un choque entre su moto y un móvil de Gendarmería en Casilda y Liniers. Un año después, la moto fue compactada en el corralón policial, pese a estar judicializada. La familia reclama respuestas.
Manuela Olmos circulaba el 17 de enero de 2025 por Casilda y Liniers a bordo de una moto Motomel 110 junto a su hija de 7 años. En esa intersección se encontró con el móvil 9880 de Gendarmería con cuatro gendarmes a bordo y conducido por Ireneo de las Rosas P., un efectivo de 21 años. No se sabrá si fue atropellada o si ella se llevó por delante el móvil. Hay actas ambiguas y pericias virtuales; pero si algún funcionario judicial, juez o fiscal pide un peritaje a la moto, será imposible.
La moto fue a parar al corralón policial y compactada allí el 5 de febrero de 2026, un año después del accidente. Eugenio, padre de Manuela, y toda su familia esperan respuestas de por qué se compactó la moto y otras dudas con respecto al choque, pero desde Fiscalía les dieron respuestas, al menos, muy vagas. Eugenio solicitó varias veces a Fiscalía que se hicieran las pericias para saber qué había sucedido realmente; si su hija fue atropellada en ese accidente o si ella se llevó por delante el auto, y además solicitó que le devolvieran la moto, que era de su hijo y se la había prestado a su hermana Manuela.
El 16 de abril recibió una nota firmada por la fiscal Valeria Piazza Iglesias como notificación de «restitución de rodado». El se comunicó con su hijo Ricardo y fueron hasta el corralón policial de bienes judicializados, en Francia al 4400. Supusieron que la moto no iba a arrancar y contrataron un flete. Al llegar, un empleado les dijo que la moto había sido compactada, pero no les dio ningún recibo ni formulario ni nada que acreditara la compactación. A mano escribió en un papel la fecha de ingreso y el de compactación de la moto, les explicó que fue una orden de Gobierno y recomendó que averiguaran datos en la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
«Me dijeron eso, que la moto no estaba y que la compactaron en febrero; entonces les dije quién se hacía cargo si se llegaba a un juicio y se pedía otra pericia y quién me pagaba la moto. Un par de días después me encontré con la fiscal y le pregunté lo mismo. ¿Si la moto estaba judicializada, no pregunta nadie por qué la compactan? ¿Sabían los que dieron la orden de qué se trataba?» A la familia le dijeron que se habían realizado pericias virtuales. Hasta ahora los documentos que figuran en el legajo 21-09588434-9 bajo la carátula «homicidio culposo» son un croquis hecho a mano alzada en el lugar de la colisión; una serie de pericias a los vehículos en la que se plantean los diferentes daños, pero que no aclara si se considera qué vehículo embistió al otro. Se dejó constancia que el móvil no tenía bocina y que mostraba ciertas deficiencias de carrocería, por ejemplo no estaba el faro delantero. A esto se suman una serie de declaraciones de los otros tres gendarmes que sostienen haber «escuchado un golpe en el lado izquierdo del vehículo» y nada más.
En una reunión en Fiscalía a Eugenio le dijeron que no sabían lo que había pasado y por qué la compactaron y le repitieron que la provincia se iba a hacer cargo de los gastos y de «devolverme la plata», cuenta Eugenio con un tono de esperanza y resignación. Manuela dejó a cuatro hijos que tienen desde uno a 16 años. «Somos gente humilde, de trabajo. Los chicos están con su padre, que hace changas de todo tipo y entre todos la vamos peleando». Eugenio tiene un comedor en zona oeste y trabaja de lo que puede. Tiene unos 60 años y planes familiares que quedaron truncos. Ahora le tocará deambular por oficinas, preguntar que pasó con su hija e intentar recuperar, en última instancia, parte del costo material del accidente que marcó su vida y la de toda su familia.