La provincia logró un acuerdo con intendentes del cordón agroexportador, pero ahora el sector cerealero objeta el mecanismo de cobro propuesto para sostener el nuevo fideicomiso público-privado.
El gobierno de Santa Fe alcanzó una distensión con los intendentes del cordón agroexportador en torno a la nueva tasa vial, pero las diferencias ahora surgen con las empresas cerealeras, que cuestionan la forma de cobro planteada para financiar el mantenimiento de rutas y accesos a puertos.
La propuesta oficial prevé la creación de un fideicomiso público-privado en el que participen la provincia, las cerealeras, transportistas y municipios. El sistema se nutriría de un cobro por tonelada de cada camión que ingrese a las terminales portuarias, retenido por la terminal y girado directamente al fideicomiso, con un porcentaje destinado a los municipios.
El secretario de Cooperación, Cristian Cunha, explicó que el pago lo haría la terminal portuaria y no el transporte, aunque el costo podría trasladarse a los productores. Desde el gobierno señalan que el sector agroexportador no paga ingresos brutos y es el principal usuario de las rutas, por lo que corresponde que financie el sistema.
Las cerealeras, en cambio, prefieren un peaje diferencial por tipo de camión, cobrado mediante un sistema electrónico que la provincia ya prepara para controlar la banda horaria. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industria Aceitera, manifestó apoyo al fideicomiso pero rechazó un aporte de 1,5 dólares por tonelada, y pidió sumar a otros actores de la cadena, como dadores de carga y productores.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la reunión con los intendentes de San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Puerto General San Martín, Timbúes, Arroyo Seco, Alvear y General Lagos, quienes aceptaron el nuevo esquema. Según el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, unos dos millones de camiones transitan anualmente las rutas santafesinas hacia los puertos, lo que implicaría una recaudación de unos 50 millones de dólares por campaña, de los cuales 13 millones se coparticiparían a los municipios.
El gobierno descartó asumir nuevos créditos externos para obra pública y prevé que el fideicomiso pueda buscar financiamiento en el mercado de capitales, como ocurrió con el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. La discusión central sigue siendo quién terminará pagando el mantenimiento de las rutas.