En el Juzgado Federal de Rosario, los abogados de las víctimas solicitaron cinco años de cárcel para los principales acusados y detallaron pruebas científicas, testimonios y consecuencias sanitarias durante el alegato final.
El juicio por delitos ambientales en Pergamino, que se sustancia en el Juzgado Federal de Rosario, entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella. Los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro sostuvieron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 constituyen una práctica sostenida de contaminación con agroquímicos en zonas periurbanas.
Durante la exposición, los letrados afirmaron que las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas están a corta distancia de las áreas cultivadas. La querella señaló que los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente a las aplicaciones.
Uno de los ejes centrales del alegato fue la prueba científica. Pericias en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce vincula la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
Los testimonios describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas, realizadas en horarios irregulares y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron los abogados.
En cuanto a las consecuencias sanitarias, la querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según indicó, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y patologías como afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños. “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron.
La querella también cuestionó el rol del Estado municipal, al exponer fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones.
Los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones. Para Víctor Hugo Tirivo pidieron cuatro años, y para los hermanos Sabatini, tres años. En todos los casos solicitaron inhabilitación para actividades agrícolas. Para Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, propusieron considerarlo partícipe secundario. También pidieron el decomiso de maquinaria y elementos utilizados.
Otro punto central fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. Introdujo el concepto de “distancia de rescate” y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que advirtieron problemas de salud en sus hijos. El cierre incluyó una cita de Atahualpa Yupanqui: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.