Un informe detallado aborda el diseño, ejecución y contexto de las políticas públicas en la provincia de Santa Fe, con énfasis en el sector productivo, el financiamiento, la ciencia y tecnología, y la gestión interministerial.
El documento titulado ‘Políticas públicas provinciales para la economía real’ presenta un análisis conceptual y metodológico sobre la instrumentación de decisiones políticas en la provincia de Santa Fe. Se señala que las políticas públicas pueden ser indirectas (subsidios, incentivos, baja de impuestos) o directas (programas sociales, obras públicas), y que su eficiencia requiere una gestión gubernamental que las viabilice sin interferencias.
Según el texto, las leyes por sí mismas no alteran la realidad si los actores económicos y sociales no actúan en consecuencia. Se menciona la creación de fondos anticíclicos, como el proyecto de ley de 2017 para el ‘Fondo de autonomía, sustentabilidad y garantía provincial’, como instrumento para atender fluctuaciones económicas.
El análisis destaca la necesidad de una gestión gubernamental horizontal e interministerial, y advierte que las políticas económicas no son neutrales: siempre generan ganadores y perdedores. Se sostiene que la formulación de políticas debe ser un proceso social que integre viabilidad técnica, social y política.
En el contexto nacional, el informe critica el enfoque de ‘ordenar la macro’ y bajar la inflación ‘cueste lo que cueste’, calificándolo como un mito del mercado autorregulador. Frente a ello, propone que las políticas provinciales actúen ‘a contrario sensu’, vigorizando la actividad económica y manteniendo servicios básicos.
Respecto a la estructura productiva de Santa Fe, se describe como una herencia de modelos primario exportador y sustitutivo de importaciones, con una dualidad estructural heterogénea. Se sugiere fomentar encadenamientos productivos, innovación en el sector industrial y nuevas ramas intensivas en conocimiento.
En materia de financiamiento, se plantea la creación de nuevas instituciones financieras autónomas, como un fondo para garantías crediticias y un fondo para el financiamiento productivo, orientados a micro, pequeñas y medianas empresas. Se mencionan tres variantes: subsidio de tasas de interés, creación de una institución financiera provincial, y la figura de ‘propiedad social’ mediante asociaciones público-privadas.
En ciencia y tecnología, se destaca la existencia de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Ciencia y Tecnología (ASaCTeI) desde 2011, así como una ley de financiamiento desde 2015. Se propone fortalecer los polos tecnológicos y la vinculación con el sistema científico.
En comercio exterior, se aboga por una apertura inteligente y la creación de una ‘Compañía de Comercialización Internacional provincial’ para facilitar el acceso de pymes a mercados externos. También se menciona la importancia de la Región Centro en el relacionamiento con el sudeste asiático.
El informe incluye propuestas para la educación para el trabajo futuro, con foco en cuatro clases de empleo/desempleo, y acciones complementarias en construcción, infraestructura y energía. Se destaca la necesidad de una Agencia de Desarrollo Productivo (ADP) como organización transversal para la gestión interministerial.
Finalmente, se subraya la importancia de una planificación estratégica estatal participativa y la revisión de instituciones económicas existentes, como el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), para la elaboración de diagnósticos y escenarios estratégicos.