El Gobierno nacional y las universidades llegaron a un entendimiento salarial que incluye una recomposición del 24,33% y fondos para funcionamiento, aunque el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario continúa en la Corte Suprema.
Después de meses de negociaciones, movilizaciones y paros, el Gobierno nacional y las universidades llegaron a un acuerdo salarial. La propuesta del Ejecutivo apunta a actualizar los sueldos de docentes y no docentes, además de garantizar fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y sus hospitales.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes.
Según detalló el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.
De acuerdo al comunicado oficial, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.
El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema. En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.
Asimismo, el Ministerio informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
Por último, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los puntos que también formaba parte de los reclamos del sector.
En la previa del encuentro, los gremios docentes sostenían que los salarios universitarios acumulaban una pérdida superior al 34% desde fines de 2023 y reclamaban una recomposición cercana al 52% para recuperar el terreno perdido frente a la inflación.
Cabe destacar que, a pesar del acuerdo, el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario sigue firme. Las entidades educativas aclararon que van a mantener la demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente al incumplimiento de la norma por parte del Ejecutivo.
La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.