El Ejecutivo sostiene que la medida favorecerá inversiones y desarrollo tecnológico, especialmente en el agro. Organizaciones y especialistas advierten sobre riesgos de ampliar derechos de propiedad sobre recursos biológicos.
El gobierno nacional avanzó esta semana en una modificación del régimen de propiedad intelectual al derogar la Resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), una norma que desde hace más de una década imponía criterios restrictivos para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos.
La noticia fue difundida a través de una publicación en redes sociales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida afecta la manera en que la Argentina evalúa solicitudes de patentes vinculadas con genética, biotecnología vegetal, organismos modificados, eventos de transformación genética y otras innovaciones para el sector agropecuario y la economía del conocimiento. Se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional orientada a flexibilizar los criterios de patentabilidad y fortalecer la autonomía técnica del INPI. En marzo ya había avanzado en una dirección similar respecto de las patentes farmacéuticas.
¿Qué cambia concretamente?
La Resolución 283/2015 había incorporado directrices que excluían de la patentabilidad a plantas, animales y determinados componentes biológicos, incluso cuando fueran obtenidos mediante técnicas modernas de ingeniería genética o procedimientos biotecnológicos complejos. Establecía que no podían patentarse plantas o animales modificados genéticamente y exigía requisitos específicos para la protección de secuencias genéticas y eventos biotecnológicos.
Por ejemplo, si una empresa desarrollaba una soja resistente a la sequía, un maíz tolerante a determinados herbicidas, una planta editada genéticamente o un animal portador de una modificación genética específica, la planta o el animal en sí mismos no podían ser objeto de patente. Lo que eventualmente podía patentarse eran algunos elementos aislados, como secuencias, construcciones genéticas o eventos de transformación, siempre que cumplieran requisitos muy estrictos de descripción.
La derogación no elimina las restricciones previstas en la Ley de Patentes, que siguen vigentes, pero sí quita una capa adicional de limitaciones administrativas incorporada por el INPI en 2015. A partir de ahora, los examinadores tendrán mayor margen para analizar cada solicitud según los criterios generales de la legislación vigente, sin exclusiones específicas fijadas por aquella resolución.
Inversiones y agro
Los fundamentos oficiales sostienen que las restricciones introducidas en 2015 colocaron a la Argentina en una situación menos competitiva que otros países con sistemas más flexibles para la protección de innovaciones biotecnológicas. El Gobierno apuesta a que una mayor protección de la propiedad intelectual genere incentivos para la investigación y desarrollo, facilite la llegada de nuevas tecnologías y atraiga inversiones de empresas biotecnológicas, semilleras y desarrolladoras de genética aplicada.
La decisión es interpretada por especialistas en propiedad intelectual como un acercamiento a estándares utilizados en Estados Unidos, Europa y otros mercados, donde existe una protección más amplia para determinadas innovaciones biológicas.
Argentina es uno de los mayores productores mundiales de soja, maíz y otros cultivos en los que la innovación genética resulta determinante para mejorar rendimientos, tolerancia a sequías, resistencia a plagas y adaptación al cambio climático. Empresas semilleras y desarrolladores de eventos biotecnológicos ven con buenos ojos cualquier fortalecimiento de la protección jurídica de sus innovaciones, dado que las patentes constituyen uno de los mecanismos para recuperar inversiones en investigación y desarrollo.
Voces críticas
Existen cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, ambientalistas y sectores académicos que consideran que una ampliación de la patentabilidad sobre recursos biológicos puede fortalecer la posición dominante de grandes corporaciones multinacionales del sector biotecnológico. Los críticos sostienen que una protección excesiva puede derivar en mayores costos de acceso a determinadas tecnologías, concentrar mercados y generar tensiones sobre el control de recursos genéticos.
Algunos especialistas señalan que la discusión excede lo jurídico y asume un cariz económico determinante: cuánto debe protegerse una innovación privada sin afectar la competencia ni el acceso a tecnologías estratégicas. La derogación de la Resolución 283/2015 aparece como una señal política hacia los sectores de innovación, biotecnología y economía del conocimiento. El verdadero alcance de la medida comenzará a observarse en los próximos años, cuando el INPI deba resolver nuevas solicitudes de patentes y la Justicia eventualmente se pronuncie sobre los límites de esa flexibilización.