El Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó para este jueves una audiencia de conciliación con los responsables de Expreso Brío, tras el cierre de la sucursal local que dejó sin empleo a unas 60 familias rosarinas.
La incertidumbre continúa entre unas 60 familias rosarinas que quedaron sin trabajo luego del cierre de la sucursal local de Expreso Brío. Los trabajadores esperan que la audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para este jueves permita abrir una instancia de diálogo para destrabar el conflicto.
Los empleados afirman que fueron despedidos sin previo aviso y que no recibieron explicación sobre cómo ni cuándo cobrarán los salarios, aguinaldos e indemnizaciones adeudados. El lunes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde funcionarios provinciales resolvieron convocar para este jueves a los responsables de la empresa.
Gabriela Díaz, trabajadora despedida con 20 años de antigüedad en la firma, relató que el grupo decidió organizarse por sus propios medios. «Nos presentamos a trabajar y nos encontramos con el portón cerrado. Nos autoconvocamos porque estábamos sin representación, ni siquiera gremial. Lo único que buscamos es que la empresa se presente y explique cómo nos va a pagar todo lo que nos debe», señaló.
Según explicó, los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo el 2 de julio y, tras esa primera presentación, fueron convocados a una nueva audiencia encabezada por las autoridades laborales Marisa Castro y Julio Genesini, quienes intentarán que los directivos de la empresa comparezcan este jueves.
«Necesitamos respuestas porque ya vencieron los plazos que la propia empresa fijó en los telegramas de despido para efectuar los pagos. No tenemos ninguna contestación y hay 60 familias que hoy están sin un peso después de haber trabajado dos meses gratis», sostuvo.
Díaz aseguró que la situación tomó por sorpresa a la mayoría del personal porque, hasta poco antes del conflicto, la actividad continuaba con normalidad. Expreso Brío tiene más de tres décadas de trayectoria en el transporte de cargas y logística, con sucursales distribuidas en distintas provincias y una fuerte presencia sobre el corredor de la ruta nacional 9.
Los primeros problemas comenzaron cuando los salarios empezaron a pagarse fuera de término. Esa situación derivó en una medida de fuerza impulsada por el Sindicato de Camioneros, que se extendió durante unas tres semanas mientras la empresa buscaba una solución financiera. Díaz contó que desde el gremio les transmitieron que existía la posibilidad de que ingresaran nuevos inversores para aportar capital y garantizar la continuidad de la empresa.
Sin embargo, ese acuerdo nunca terminó de concretarse. El 30 de junio, cuando los empleados se presentaron a cumplir su jornada habitual, descubrieron que el acceso a la empresa estaba restringido. Los telegramas de despido tenían fecha de emisión del día anterior, pero muchos trabajadores todavía no los habían recibido porque, según denuncian, fueron enviados con errores en los domicilios.
«Los delegados nos decían que golpeáramos para ver si nos dejaban entrar. El gerente miraba un listado en su teléfono y decidía quién podía ingresar y quién no. Fue una situación muy humillante. Después de veinte años en la empresa jamás imaginé vivir algo así», relató Díaz.
Según explicó, solo unas pocas personas pudieron ingresar ese día, principalmente vinculadas al servicio de larga distancia, mientras que la mayoría de los trabajadores administrativos y de distribución local quedaron desafectados.
La referente de los trabajadores indicó que la empresa continúa operando parcialmente. «Se priorizó la larga distancia. Hasta donde sabemos, esa parte sigue funcionando. La paquetería y la corta distancia también continúan, aunque nosotros habíamos entendido que la empresa se vendía en su totalidad», afirmó.
Los trabajadores sostienen que, además de las indemnizaciones, la empresa les adeuda los salarios correspondientes a mayo y junio, el medio aguinaldo y cuotas pendientes de un bono anual. Díaz también denunció presuntas irregularidades en la liquidación de haberes de los últimos meses. Según indicó, el salario de abril fue abonado parcialmente por una empresa distinta de Expreso Brío y el resto en efectivo, mientras que hasta ahora tampoco recibieron los recibos correspondientes.
Otro de los cuestionamientos de los trabajadores apunta al papel que desempeñó el Sindicato de Camioneros durante el conflicto. Díaz recordó que, en un primer momento, los delegados acompañaron a los empleados en las puertas de la empresa y les indicaron que realizaran la denuncia por no poder ingresar a sus puestos de trabajo. Sin embargo, asegura que esa situación cambió rápidamente. «Nos convocaron a una reunión en el sindicato y nos dijeron que no se iba a hacer más nada. Al día siguiente vimos que los delegados estaban trabajando adentro, reemplazando a muchos de nosotros que habíamos sido despedidos. Ahí entendimos que estábamos solos», expresó.
A partir de entonces, el grupo decidió organizarse por cuenta propia y continuar el reclamo directamente ante el Ministerio de Trabajo. Mientras avanza el intercambio de telegramas laborales, los despedidos aguardan que la empresa finalmente se presente este jueves ante las autoridades provinciales. «La única expectativa que tenemos es que den la cara y nos expliquen qué va a pasar con nuestros salarios y nuestras indemnizaciones. Hasta ahora no responden absolutamente nada», concluyó Díaz.