La Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría para la reforma del régimen de regularización de activos, conocida como Inocencia Fiscal II, tras excluir del proyecto a las personas políticamente expuestas.
La Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen de mayoría para la reforma del régimen simplificado de Ganancias, denominada Inocencia Fiscal II, luego de retirar del proyecto la posibilidad de que las personas políticamente expuestas (PEP) adhieran al régimen.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, presidido por Bertie Benegas Lynch, reunió 44 firmas sobre 75 diputados presentes: 27 en la primera comisión y 17 en la segunda, con una disidencia.
La modificación fue cuestionada por la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien preguntó: “¿Cuál es el motivo por el cual en una semana ustedes pasaron de defender esta postura a modificarla?”. También solicitó que se leyera el artículo 38 del despacho, donde quedó asentada la exclusión de las PEP.
En la exposición previa, representantes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se refirieron al proyecto. José Ignacio Simonella sostuvo que “complementa y mejora” la ley vigente, aporta “mayor certeza jurídica” y limita la discrecionalidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aclaró: “No se está tratando de un blanqueo”.
Oscar Fernández definió el régimen como un “régimen de bloqueo fiscal” o “tapón fiscal” y precisó que sólo podrán adherir personas humanas y sucesiones indivisas residentes, no sociedades.
La reforma amplía la declaración simplificada para los grandes contribuyentes, aunque no podrán acceder a la presunción de exactitud ni a los beneficios sustanciales del régimen.
Sobre el artículo 40 bis, que obliga a bancos y otros sujetos del sistema antilavado a considerar la adhesión como un “antecedente favorable”, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, defendió la fórmula: “El antecedente favorable es un insumo más dentro de la debida diligencia”. Agregó que no certifica el origen lícito del dinero ni elimina la obligación de reportar operaciones sospechosas.
La diputada Pamela Verasay (UCR) pidió precisiones sobre la reglamentación. Álvarez anticipó niveles de debida diligencia simplificada, media y reforzada, y aclaró que una persona políticamente expuesta nunca podrá quedar sometida a control simplificado.
La exclusión de las PEP no modificó la posición de los bloques opositores. Nicolás del Caño cuestionó que el Gobierno impulse otra reforma pocos meses después de la sanción original. Carlos Castagneto reclamó datos sobre los resultados de la primera versión y Romina Del Plá anticipó un dictamen de rechazo por el artículo 40 bis.
Desde La Libertad Avanza, Mónica Becerra defendió el proyecto como una corrección técnica para “atenuar la presión punitiva” y facilitar el cumplimiento tributario: “Esto trae alivio”.
El despacho quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, con la exclusión de las PEP y la discusión centrada en el alcance del “tapón fiscal”, los controles de la UIF y el universo de contribuyentes que podrá usar la declaración simplificada.