Una ciudadana argentina fue arrestada en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, tras hallarse en su organismo más de un kilo de cocaína distribuida en 101 cápsulas.
Una ciudadana argentina, identificada como Rosa Micaela Kipildor, de 30 años, fue detenida en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, luego de aterrizar en un vuelo procedente de Londres. Según informó el medio japonés FNN, la mujer llevaba 101 cápsulas de cocaína en su aparato digestivo, con un peso total de 1,01 kilos y un valor estimado en el mercado minorista japonés de aproximadamente 152.160 dólares.
El hallazgo ocurrió durante controles de rutina en la terminal aérea. Los agentes aduaneros detectaron un comportamiento inusual en la pasajera y ordenaron su traslado a un hospital, donde una radiografía reveló cuerpos extraños en su estómago. Los envoltorios, de aproximadamente 5,2 centímetros, estaban confeccionados con doble capa de plástico y caucho negro.
En su declaración, Kipildor afirmó que una mujer a la que conoció en un festival en Argentina le propuso participar en la operación a cambio de 7.000 dólares. Esa persona la puso en contacto con un hombre que le dio instrucciones sobre el viaje. La detenida sostuvo que recibió la droga en Brasil y que ingirió las cápsulas antes de viajar a Japón.
Las autoridades japonesas investigan quiénes participaron en las distintas etapas del traslado y si existe una organización internacional detrás del operativo. También intentan identificar a la persona que entregó el cargamento en Brasil y a quien debía recibirlo en Japón.
Japón aplica una política estricta contra el tráfico de drogas. Según datos citados en la investigación, en 2025 se registraron 415 arrestos vinculados con tenencia de cocaína en el país.
Este caso tiene un antecedente reciente: en marzo de 2025, Eleonora García, de 46 años, fue arrestada en Bali, Indonesia, con más de 244 gramos de cocaína ocultos en su cuerpo. García fue condenada a siete años de prisión, mientras que el británico Elliot James Shaw, señalado como destinatario, recibió una pena de cinco años y medio y una multa de 1.000 millones de rupias.