La Justicia bonaerense suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial, con el objetivo de evaluar si el sistema cuenta con la capacidad necesaria para implementar las nuevas disposiciones sin afectar los derechos de los adolescentes.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a raíz de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
El fallo se conoció dos días después de la entrada en vigencia de la ley 27.801, que incorporó al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. A partir de ese cambio, los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sometidos a procesos judiciales por determinados delitos contemplados en el Código Penal.
En su resolución, la jueza sostuvo que la modificación podría generar un aumento en la cantidad de jóvenes que ingresen al sistema y extender el tiempo que algunos permanezcan privados de su libertad. También señaló que la provincia de Buenos Aires no cuenta actualmente con la infraestructura ni con los recursos materiales necesarios para incorporar a una mayor cantidad de jóvenes.
La magistrada puso bajo análisis si el territorio bonaerense dispone de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales para afrontar el nuevo escenario que plantea la legislación. Además, fundamentó la medida en el principio precautorio, según el cual el Poder Judicial tiene la obligación de actuar de manera anticipada cuando existan elementos que permitan prever que podrían vulnerarse derechos fundamentales.
La suspensión por 60 días no implica dejar sin efecto la nueva legislación, sino abrir un período para analizar si el sistema bonaerense está preparado para aplicar las nuevas reglas y afrontar el eventual incremento de adolescentes alcanzados por el régimen penal.