El diputado provincial Carlos del Frade y el abogado Guillermo Campana presentarán este viernes un pedido de derecho a la información ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para conocer el detalle de las causas paralizadas en los juzgados federales 3 y 4.
Este viernes 11 de septiembre a las 9, el diputado provincial Carlos del Frade junto al abogado penalista Guillermo Campana presentarán un pedido de derecho a la información ante la Cámara Federal de Apelaciones, ubicada en la esquina de Entre Ríos y Urquiza en Rosario. El objetivo es conocer en detalle cada una de las aproximadamente 8 mil causas paralizadas en juzgados federales de primera instancia.
«Esos documentos son de indiscutible interés público», afirmó del Frade. El diputado también indicó que la presentación podría «revelar las complicidades de los nichos corruptos del poder judicial con la sangre derramada en Rosario y la región en los últimos quince años».
La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría para explicar por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia. Estas causas no fueron trasladadas a tiempo a las fiscalías y no tuvieron impulso investigativo, lo que puede implicar delitos no esclarecidos y con impunidad hacia sus posibles autores, según publicó el medio La Política Online el 2 de septiembre pasado por el periodista Hernán Lascano.
La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que les cursaban extemporáneamente causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algún caso hasta con seis años de demora.
El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, actualmente con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo considerados hechos de corrupción institucional.
Frente a esta situación, la Cámara Federal de Rosario ordenó a inicios de septiembre a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la información documentada que explique que esas causas hayan quedado paralizadas.
La Cámara Federal pide eso para cotejar el número excedente con las cifras que se confeccionaron en mayo de 2024 cuando dejó de tener vigencia el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. Entonces los juzgados hicieron un listado de los expedientes que estaban en trámite para una transición hasta que tuvieran sentencia. Eran según fuentes de la Procuración unos 1.180 legajos. Pero ahora aparece una cifra de ocho mil adicionales que son anteriores a esa fecha límite y que no se comunicaron, según el medio periodístico.
Ante esta situación, el diputado provincial Carlos del Frade junto al abogado penalista Guillermo Campana presentarán un pedido de derecho a la información este viernes en la Cámara Federal de Apelaciones.