El encuentro se realizó el lunes pasado en el espacio municipal Tecnoteca, organizado por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos. Participaron Olimpia Coral Melo, Laura Sánchez y Florencia Villegas.
La violencia digital y su impacto en las redes sociales fue el tema de un encuentro realizado el lunes pasado en el espacio municipal Tecnoteca, ubicado en Estévez Boero 740. La actividad fue organizada por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos y reunió a especialistas, activistas y ciudadanía para abordar la prevención y sanción de las violencias digitales por motivos de género.
El panel incluyó la participación virtual de Olimpia Coral Melo, activista mexicana e impulsora de la Ley Olimpia, que tipifica la difusión no consentida de material íntimo en América Latina; Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk y referente de la Ley Ema en la provincia de Santa Fe, enfocada en la prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos; y Florencia Villegas, representante argentina de la colectiva regional Defensoras Latam.
La Ley Olimpia incorpora la violencia digital a la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. La Ley Ema, aprobada recientemente en Santa Fe, promueve la prevención, capacitación obligatoria y protocolos tempranos en escuelas.
Durante la jornada se analizó la relación entre experiencias de víctimas y la creación de marcos normativos. Se discutieron aspectos punitivos, alfabetización digital, contención comunitaria y protocolos de actuación temprana en escuelas y espacios formativos.
La convocatoria reunió a autoridades municipales y provinciales, legisladores, docentes, estudiantes y activistas de derechos humanos y digitales. Las historias de Olimpia Coral Melo y Ema Bondaruk fueron presentadas como ejemplos de cómo vivencias personales de violencia digital impulsaron una agenda de articulación social e institucional.
La Ley Olimpia estableció un precedente al tipificar penalmente la difusión no consentida de material íntimo. La Ley Ema promueve la prevención, capacitación obligatoria y protocolos tempranos en las escuelas. El trabajo conjunto entre sociedad civil y Estado se orienta a garantizar entornos digitales seguros y proteger integralmente a la ciudadanía.