Según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, la exsubsecretaria de Planificación General ingresó al Estado con $43.000 y al cierre de 2025 informó activos por $4.500.000. Una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano vincula compras públicas con un emprendimiento de catering administrado por familiares de la exfuncionaria.
La salida de María Belén Agudiez de la estructura de la Secretaría General de la Presidencia volvió a poner el foco sobre su situación patrimonial. La exsubsecretaria de Planificación General, vinculada al círculo de confianza de Karina Milei, registró un crecimiento de sus activos durante el período en el que estuvo en la función pública.
Según sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), al ingresar al Estado contaba con un patrimonio de $43.000. De ese monto, $8.861 correspondían a dinero en cajas de ahorro y otros $35.000 estaban declarados en efectivo.
Al cierre de 2025, en cambio, la exfuncionaria informó activos por $4.500.000. De esta manera, su patrimonio se multiplicó por 98 en casi tres años y el incremento informado llegó a casi 9.766%.
La última presentación también detalla cómo estaba compuesto ese patrimonio. Agudiez declaró $3,5 millones en efectivo, además de tenencias en fondos comunes de inversión, entre ellos Mercado Fondo y SBS, dinero en plataformas PSP y una caja de ahorro en dólares.
En cuanto al movimiento de dinero durante el período anual, la exintegrante de la Secretaría General consignó ingresos por $37,6 millones. En la misma declaración registró gastos personales por $36 millones.
La evolución patrimonial se conoció después de los cambios implementados en la Quinta de Olivos, donde el Ejecutivo desplazó a alrededor de 12 empleados civiles bajo el argumento de “razones de seguridad” y ante sospechas de filtraciones de información.
Entre las personas apartadas estuvo Osvaldo Sosa, exadministrador de la residencia presidencial. El funcionario está casado con Analía Agudiez, hermana de la exsubsecretaria.
El caso tomó además una dimensión judicial a partir de la intervención de la diputada nacional Marcela Pagano, quien reflotó una denuncia penal por un presunto esquema de corrupción relacionado con compras públicas de la Secretaría General de la Presidencia.
Según planteó la legisladora, determinadas licitaciones destinadas a comprar cortes de carne premium y otros alimentos para Balcarce 50 y Olivos habrían sido desviadas para abastecer a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering administrado por el matrimonio compuesto por Sosa y Analía Agudiez.
La denuncia quedó vinculada así con los movimientos registrados en la residencia presidencial y con los vínculos familiares alrededor de la exsubsecretaria, mientras el caso continúa bajo análisis administrativo y judicial.