La empresa privada de detención migratoria presentó una demanda federal para frenar la norma firmada por Gavin Newsom el 29 de septiembre, que establece estándares de atención y trato en instalaciones con contratos federales.
GEO Group, una empresa privada que opera centros de detención migratoria, presentó una demanda federal para bloquear la ley SB 942, firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 29 de septiembre. La norma establece derechos de salud, privacidad, higiene y comunicación para personas detenidas por procedimientos migratorios civiles.
Por qué piden bloquear la ley SB 942 en California
Según Los Angeles Times, la compañía inició el litigio al día siguiente de la firma porque considera que el estado carece de autoridad para imponer esos estándares a instalaciones que trabajan bajo contratos federales.
La empresa solicita que un juez declare inconstitucional la legislación e impida su aplicación. Su argumento sostiene que California no puede convertir operaciones federales de detención en instalaciones reguladas por el estado mediante obligaciones dirigidas al contratista que presta el servicio.
- Según Los Angeles Times, los abogados de GEO Group afirman que las autoridades estatales pueden discrepar con la política migratoria federal, pero carecen de facultades para modificar sus estándares de detención.
- La objeción comprende tanto exigencias que endurecen las reglas como disposiciones que las amplían, flexibilizan o alteran.
La compañía tiene un antecedente favorable en este terreno. De acuerdo con el mismo medio, un tribunal federal invalidó una ley californiana de 2019 que buscaba prohibir las instalaciones privadas de detención, después de que GEO Group la impugnara judicialmente.
Qué derechos protege la SB 942 para los inmigrantes detenidos por ICE
- El texto promulgado reconoce atención médica, dental y de salud mental; agua potable; baños y duchas funcionales; alimentación segura y suficiente; y espacios limpios y mantenidos.
- También protege frente al abuso, la negligencia y el uso innecesario o excesivo de restricciones físicas, aislamiento o medicación.
Para las familias, la norma incorpora disposiciones sobre el contacto con quienes permanecen bajo custodia. Reconoce acceso razonable al teléfono para realizar y recibir llamadas confidenciales, aunque permite límites de horario, frecuencia, duración y modalidades de pago para garantizar disponibilidad para todos.
La correspondencia tiene una protección específica: las cartas o documentos enviados a abogados, tribunales o funcionarios gubernamentales, o recibidos de ellos, solo pueden ser leídos por su destinatario. El texto permite inspecciones para detectar contrabando y restricciones formales sobre tamaño, peso y volumen del correo.
El alcance incluye instalaciones estatales, locales y privadas que alojan personas por procedimientos migratorios civiles, incluso bajo contratos con ICE o con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
La protección se vincula con las condiciones de custodia y las comunicaciones durante la detención.
Cómo puede California exigir el cumplimiento de los estándares
- La SB 942 autoriza al fiscal general a iniciar acciones civiles para obtener órdenes judiciales que protejan esos derechos.
- Además, permite solicitar sanciones de hasta US$2500 por cada infracción, según el texto incorporado al Código de Gobierno estatal.
- La obligación de supervisión comprende acceso a detenidos, instalaciones, funcionarios, personal y registros.
- Ese mecanismo añade una herramienta para investigar incumplimientos y exigir correcciones a los operadores responsables del cuidado y la custodia.
La legislación contiene una cláusula de urgencia que dispuso su entrada en vigor inmediata. Por eso, el pedido empresarial apunta a frenar una norma ya promulgada; las coberturas consultadas describen la solicitud de bloqueo, sin informar una resolución que la conceda.
Anna Caballero, autora del proyecto, defendió los estándares de trato y afirmó que respaldaba la ley, según The Sacramento Bee.
El litigio plantea ahora ante la justicia federal hasta dónde puede California exigir esas condiciones a contratistas de detención migratoria.