La concentración comenzó en El Molino y finalizó en el Rectorado de la UNL, donde se leyó un documento con reclamos por financiamiento, salarios y becas. La jornada incluyó una multa judicial al jefe de Gabinete y su posterior suspensión.
La ciudad de Santa Fe fue escenario este martes de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrolló en todo el país con epicentro en Buenos Aires. En la capital provincial, la movilización reunió a docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y ciudadanos, quienes marcharon desde El Molino hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La concentración comenzó en la intersección de Pedro Vittori y bulevar Gálvez, y la columna avanzó por bulevar Gálvez hasta el Rectorado de la UNL, donde pasadas las 17 comenzó el acto central. A lo largo del recorrido se realizaron paradas para cantar y visibilizar el reclamo ante los medios de comunicación.
La movilización reunió a la comunidad de la UNL y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe, junto con organizaciones estudiantiles, gremios docentes y no docentes, gremios de trabajadores y ciudadanía en general. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, afirmó en diálogo con El Litoral: «Una marcha más y distinta, con más fuerza, quizás». A su lado, el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo, coincidió en que la convocatoria expresa una unidad que atraviesa a las instituciones y a sus distintos claustros.
En la misma jornada, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había impuesto una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que ordena actualizar los salarios universitarios y las becas estudiantiles. Al comenzar la marcha, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió suspender provisoriamente su ejecución.
Declaraciones de los referentes
La rectora Tarabella sostuvo: «Con mucha más fuerza esta vez para poder, justamente, reclamar lo que consideramos que es justo, la implementación de la ley de financiamiento universitario». Recordó que la norma contempla, en sus artículos 5 y 6, la actualización salarial y las becas para los estudiantes. También se refirió a la discusión presupuestaria para el próximo año y señaló que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo se aleja de la propuesta acordada en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), porque no incorpora los recursos que establece la ley. «Lo que nosotros planteamos es que, más allá de este presente, que es complejo, que la situación es crítica, lo que nos preocupa es el futuro», afirmó. Agregó que «tenemos también la inmensa responsabilidad de que otros puedan acceder a los mismos derechos que tuvimos nosotros». Cuestionó la falta de avances en el Congreso y recordó que las instituciones legislativas tienen la responsabilidad de garantizar el debate y el funcionamiento democrático. Sobre los próximos pasos, indicó que las universidades continuarán por la vía judicial, mantendrán el diálogo con legisladores nacionales y adelantó que «tenemos una reunión pendiente con el gobernador de Santa Fe que, ya en unas jornadas tecnológicas, se manifestó en apoyo a la universidad pública».
El decano Tóffolo describió la jornada como un «día triste», atravesado por la preocupación, pero también por la posibilidad «de demostrar que la universidad está unida». «En todo el país está pasando lo mismo y todos peleando por un objetivo en común, que es defender nuestro modelo de universidad pública», expresó, al tiempo que agradeció el acompañamiento social y remarcó que las instituciones «continúan trabajando con responsabilidad», aun en un contexto de restricciones presupuestarias. «Nos sentimos acompañados», afirmó.
La presidenta de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), Julia Salas, señaló que el escenario afecta tanto a quienes cursan actualmente como a quienes están pensando en comenzar una carrera en 2027. «Tenemos un futuro incierto que preocupa a todos los estudiantes», dijo, y puso el acento en «seguir luchando y marchando para que se cumpla la ley».
Lectura del documento
Pasadas las 17, la columna llegó al Rectorado de la UNL. Con los manifestantes reunidos frente al edificio, comenzó el acto central con la entonación del Himno Nacional. Luego se leyó el documento unificado titulado «Defender nuestros sueños, garantizar el futuro», que reunió las principales demandas de la comunidad universitaria bajo tres ejes: educación, soberanía y democracia.
La lectura estuvo a cargo de la rectora de la UNL, el decano de la UTN, las organizaciones estudiantiles FUL y Ceut y los gremios docentes y no docentes. Uno de los pasajes apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional y a sus consecuencias institucionales. «Nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano», sostuvo el documento.
El texto, firmado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los estudiantes de la FUA y los trabajadores agrupados en el Frente Sindical de Universidades, también reclamó al Congreso que asuma su responsabilidad institucional y avance en el tratamiento de la derogación del DNU 70/2023, al considerar que el uso de decretos para modificar normas aprobadas por el Poder Legislativo debilita el debate democrático.
En materia presupuestaria, los manifestantes advirtieron que el proyecto de 2027 no contempla las partidas previstas por la ley ni la recuperación de las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico. El documento planteó que el presupuesto «debería incrementarse un 33,4% respecto de la propuesta del Ejecutivo, de acuerdo con la estimación elaborada por el CIN».
La lectura, en la parte que correspondió a los cuatro referentes estudiantiles, también puso en primer plano el deterioro de las becas estudiantiles, con referencias al congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el estancamiento de las ayudas para las vocaciones científicas. «Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada», expresó el documento.
Otro tramo denunció la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, el deterioro de las condiciones laborales y el desconocimiento de la negociación colectiva. También reclamó recursos para sostener la investigación, la extensión universitaria y la vinculación tecnológica, y alertó sobre la salida de científicos formados en el país y el riesgo de que se desarticulen equipos de trabajo construidos durante años.
El pronunciamiento señaló: «Las universidades y el sistema científico tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia». El cierre recuperó el sentido más amplio de la convocatoria: defender una institución que forma profesionales, produce conocimiento, impulsa el desarrollo regional y garantiza oportunidades para quienes, de otro modo, podrían quedar afuera de la educación superior. «La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó el texto.
Adhesiones y testimonios
Antes de la lectura del documento, el acto incluyó más de 6 minutos dedicados a leer adhesiones. La lista reunió a organizaciones vinculadas con la comunidad universitaria y la unidad de los distintos sectores, pero también a asociaciones civiles y entidades relacionadas con la actividad productiva.
La jornada terminó con las actuaciones del coro de adultos mayores Coral 3 y del Coro de la UNL.
Entre quienes marcharon estuvo Fernanda, docente de la Facultad de Bioquímica, que explicó que su presencia no respondía únicamente a una preocupación laboral. «Estamos acá por la universidad. En sí, la posibilidad de seguir teniendo acceso a una universidad pública de calidad», dijo. También advirtió que las restricciones presupuestarias se sienten y que el trabajo acumulado durante años no puede perderse.
Anahí, becaria posdoctoral del Conicet y docente de la UNL, llevó la discusión al impacto concreto de las decisiones sobre las trayectorias científicas. Su beca termina este año y, aunque se presentó a la carrera de investigadora, los resultados se conocerán recién en agosto del próximo año. Por primera vez, explicó, la beca no se extenderá hasta que se conozca esa evaluación. «Por todo este tiempo nosotros quedamos completamente fuera del sistema», contó. Señaló que tiene alrededor de 20 personas que atraviesan una situación similar.
Valentina, estudiante de Abogacía de la UNL, también participó de la marcha. Reconoció que las movilizaciones implican perder clases, pero consideró que el contexto nacional vuelve necesario salir a la calle. «Realmente el desánimo en general que hay a nivel país es mucho más importante, por eso salimos a bancar en la marcha, en todas las marchas y todas las convocatorias, para defender todo», expresó.