Myriam Auyeros, referenta de Ammar Rosario, afirmó que la clandestinidad y la falta de reconocimiento estatal exponen a las trabajadoras sexuales a situaciones de vulnerabilidad. Los femicidios de Débora Bordón y Bárbara Aragón, ocurridos en las últimas semanas, se suman a otros 18 crímenes de género en lo que va del año en la ciudad.
En las últimas semanas, los femicidios de Débora Bordón (31) y Bárbara Aragón (26) en Rosario se sumaron a los otros 18 crímenes de género registrados en la ciudad en lo que va del año. Myriam Auyeros, referenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en Rosario, dialogó con El Ciudadano sobre la situación de las trabajadoras sexuales y las condiciones en que se produjeron estos hechos.
Los casos y la respuesta estatal
Según Auyeros, en el caso de Bárbara Aragón la familia debió encabezar la búsqueda ante la demora de las autoridades. «La madre se presentó en la Fiscalía acompañada por nosotras y no la atendieron; recién la recibieron días después para prestar declaración», declaró. La reconstrucción del recorrido se logró a través de redes sociales y del testimonio de un remisero que reconoció la foto de la víctima e indicó la dirección a la que la había trasladado. Las primeras informaciones señalan como principal sospechoso a un ex policía de Reconquista, exonerado por causas vinculadas con el narcotráfico y con condena previa.
En otro hecho reciente, ocurrido en la zona de Lima y 3 de Febrero, una trabajadora sexual logró comunicarse con el 911 tras ser agredida por un integrante de Gendarmería durante un servicio a domicilio. El agresor se quitó la vida ante la llegada del móvil policial, según la información proporcionada.
La clandestinidad como factor de riesgo
Auyeros sostuvo que tanto Bordón como Aragón trabajaban en departamentos privados y servicios a domicilio, contactadas a través de plataformas digitales, y no estaban organizadas en el sindicato. «Nuestra actividad no está reconocida y eso hace que quedemos tapadas, sin apoyo de nadie. La clandestinidad es lo que nos mata», afirmó.
La referenta de Ammar, de 63 años, describió el contexto económico: «Hoy la mayoría de las chicas son jefas de familia con tres a cinco hijos a cargo. La falta de trabajo y el aumento de los alquileres las obliga a salir a hacer domicilios, expuestas a cualquier situación, porque los clientes en los hoteles ya no consumen o pagan miseria. En la desesperación por llenar la olla, se aceptan riesgos enormes».
Asimismo, mencionó la reducción de herramientas públicas de asistencia: «Nos fueron sacando secretarías, subsidios de emergencia para alquileres y áreas de atención a la violencia. Las compañeras más pobres terminan en situación de calle o en comedores comunitarios. Cuando decimos que somos trabajadoras sexuales se nos cierran todas las puertas».
Hostigamiento policial y exigencias
Auyeros señaló que, aunque la legislación vigente prohíbe las detenciones por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual, la presencia de uniformados mantiene una lógica de hostigamiento: «Siguen dando vueltas, pidiendo documentos veinte veces a las chicas de la zona de la Terminal o cruzando el patrullero para ahuyentar la actividad. Pero cuando hay una emergencia o una compañera desaparece, no están».
Tras la convocatoria en las puertas del Centro de Justicia Penal para acompañar a las familias en las audiencias imputativas, desde Ammar ratificaron que la exigencia de fondo trasciende el castigo individual a los agresores. «Pedimos derechos laborales y ser reconocidas como trabajadoras. Queremos salud, vivienda y educación para nuestros hijos, y una jubilación o resarcimiento para las compañeras más grandes que llevan décadas trabajando en la ruta o en la calle sin nada. Débora dejó cinco hijos; Bárbara dejó mellicitos de 6 años. Detrás de cada una hay una madre que sale a laburar para darles de comer. Necesitamos que la Justicia se mueva rápido y que el Estado deje de darnos la espalda», concluyó Auyeros.