El Tribunal Oral Federal N°5 inicia este viernes el debate unificado por presunto lavado de dinero, con 19 imputados y 300 testigos. La ex presidenta y el diputado podrán participar de forma virtual en la primera audiencia.
El Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5) dará inicio este viernes 23 de octubre al juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner, en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de hoteles y propiedades de la familia Kirchner.
Unificación de causas
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió unificar ambos expedientes en un único debate oral, revirtiendo la decisión inicial del TOF 5 que había previsto el juicio por Los Sauces para el 23 de octubre y el de Hotesur para el 19 de marzo de 2027. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron a favor de la unificación, con la disidencia de Alejandro Slokar. Petrone sostuvo que la medida permitirá una «mejor y más pronta administración de justicia».
Participación virtual para la primera audiencia
La Justicia autorizó a Cristina y Máximo Kirchner a presenciar la sesión inaugural de forma telemática. La resolución contó con el aval de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti votó en disidencia. En el caso del diputado, su defensa lo había solicitado para compatibilizar el debate con sus labores parlamentarias; en el de la expresidenta, para evitar el operativo de seguridad para su traslado desde el departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. El TOF 5 habilitó esta instancia solo para la primera audiencia, en la que se leerá la acusación y la elevación a juicio, debido a que la reciente unificación dejó poco margen de tiempo para garantizar la presencia de todos los acusados.
Desarrollo del juicio
El tribunal determinó que el debate tendrá audiencias tres veces por semana, los días lunes, viernes y sábados. Además, se reservará la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad de sumar la segunda semana para asegurar la continuidad del juicio. Las sesiones serán estrictamente presenciales y los acusados deberán presentarse en Comodoro Py en las instancias que se requiera. Solo se evaluará una participación virtual de forma particular por «cuestiones estrictamente específicas y justificadas». Los abogados defensores deberán concurrir de forma obligatoria. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
La causa Los Sauces
La sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A. fue constituida el 7 de noviembre de 2006 por Cristina y Néstor Kirchner, quienes tenían el 45% de las acciones cada uno, mientras que Máximo Kirchner contaba con el 10%. A Cristina se le atribuyen asociación ilícita, lavado de activos y admisión de dádivas, mientras que Máximo está acusado de asociación ilícita, en calidad de organizador, y lavado de activos.
Uno de los ejes de la investigación es el vínculo entre la inmobiliaria y empresarios que recibieron contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. De acuerdo con la acusación, Lázaro Báez y Cristóbal López concentraron el 86% de la facturación de Los Sauces a través de alquileres y otras operaciones inmobiliarias. Otra de las operaciones a investigar es la adquisición de propiedades en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. Cristina Kirchner aportó $317.000 a la sociedad para completar, junto con Néstor Kirchner, la compra de una unidad que luego fue alquilada al Grupo Indalo. Además, Los Sauces adquirió un dúplex de más de 600 metros cuadrados y cinco cocheras que terminaron alquilados a Inversora M&S, vinculada con Cristóbal López.
También abarca una operación con Austral Construcciones, la empresa de Báez. La acusación sostiene que se incorporó a Los Sauces un terreno de 1.250 metros cuadrados en Río Gallegos mediante una compraventa que después fue revocada en los papeles, pero sin que se restituyera ni se pagara el inmueble. Por último, la compra del hotel La Aldea del Chaltén que la sociedad adquirió por un precio escriturado de $200.000, pese a que su tasación al momento de la operación era de $2.890.000. La explotación comercial quedó sucesivamente en manos de Valle Mitre, vinculada con Báez, y de Idea S.A., relacionada con Osvaldo Sanfelice.
La causa Hotesur
La segunda causa tiene como eje a Hotesur S.A., la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate. La investigación también abarca la hostería Las Dunas y el papel de Valle Mitre, la firma vinculada con Lázaro Báez que se encargaba de la explotación de los establecimientos. A diferencia de Los Sauces, la acusación apunta a los contratos hoteleros. La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez pagaban por habitaciones y otros servicios que no siempre se correspondían con una ocupación efectiva.
La acusación ubica entre 2007 y 2008 una serie de operaciones destinadas a conseguir el dinero necesario para comprar y capitalizar la estructura hotelera. Entre ellas, menciona la venta de al menos diez propiedades de Santa Cruz a Austral Construcciones y Epelco, por un total de $15.103.096,50. Al mismo tiempo, señala que Cristina y Néstor Kirchner recibieron en diciembre de 2007 un préstamo de Austral Construcciones por $8.329.596,50. A eso se sumaron cuatro créditos del Banco de Santa Cruz, obtenidos entre octubre y noviembre de 2008, por un total de $10.277.933,82.
Otro punto cuestionado es la venta de terrenos que la pareja había adquirido al municipio por $135.002,80 y que, según la acusación, fueron vendidos dos meses después por dos millones de dólares. La adquisición, concretada el 7 de noviembre de 2008, abarcó la totalidad de las acciones de Hotesur S.A. por 4,9 millones de dólares. Según la fiscalía, personas de confianza habrían actuado por cuenta de los verdaderos compradores para ocultar su identidad. Después, Cristina y Néstor donaron acciones de Hotesur a su hijo Máximo. Una vez adquiridos los hoteles, la familia Kirchner habría delegado su administración en Valle Mitre, la empresa vinculada con Báez. Según la acusación, Cristina Kirchner participó en las decisiones societarias, aprobó balances y ratificó contrataciones con la gerenciadora.