Según un análisis de Juan Manuel Garzón del Ieral/Fundación Mediterránea, las ventas externas argentinas del sector se multiplicaron por 3,4 en ese período, frente a 8,4 veces en Brasil, 7,5 en Paraguay y 6,8 en Uruguay. La participación argentina en el mercado mundial bajó de 1,81% a 1,65%.
Un informe de Juan Manuel Garzón, analista del Ieral/Fundación Mediterránea, indica que entre 1995 y 2025 las exportaciones agroindustriales de Argentina se multiplicaron por 3,4, mientras que las de Brasil lo hicieron por 8,4, las de Paraguay por 7,5 y las de Uruguay por 6,8. Como resultado, la participación argentina en el mercado mundial del sector disminuyó del 1,81% al 1,65%.
El documento estima que en 2025 las exportaciones agroindustriales argentinas sumaron US$ 50.480 millones. Según el informe, con la trayectoria de Uruguay habrían alcanzado US$ 99.172 millones; con la de Paraguay, US$ 110.071 millones; y con la de Brasil, US$ 122.575 millones.
Garzón sostiene que «el pobre desempeño relativo de Argentina se explica por políticas y circunstancias que desalentaron la inversión y limitaron el crecimiento de la oferta exportable». Entre los factores menciona «la inestabilidad macroeconómica, las dificultades de acceso al mercado de cambios, los derechos de exportación, los impuestos acumulados en los costos (IIBB, Débitos y Créditos Bancarios), las restricciones para vender ciertos productos al exterior y las trabas a determinados proyectos productivos e industriales», que «redujeron la rentabilidad esperada y aumentaron la incertidumbre».
El informe también hace referencia a la evolución de las políticas fiscales sobre el sector. Señala que en abril de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se anunciaron retenciones a las exportaciones agropecuarias del 5% al 10%, presentadas como «provisorias», para financiar el plan Jefes y Jefas de Hogar. En 2008, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el ministro de Economía Martín Lousteau propuso un esquema de retenciones móviles que contemplaba hasta un 44% para la soja, conocido como «la 125», que no fue aprobado en el Congreso.
Por otro lado, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la eliminación de retenciones a los seis cultivos principales y sus derivados sumaría unos US$ 18.500 millones adicionales en exportaciones agroindustriales hacia 2036.
En el debate sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, estimó un gasto tributario o costo fiscal de aproximadamente US$ 8.493 millones a valor presente para los 23 proyectos aprobados hasta el 1 de octubre de 2026. Ese monto surge de la diferencia entre los impuestos que esos proyectos pagarían bajo el régimen general (US$ 26.000 millones a valor presente) y los que tributarían con los beneficios del RIGI (US$ 17.500 millones).
El presidente Javier Milei defendió el régimen en Catamarca: «¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?». El RIGI fue debatido y aprobado por el Congreso e incluye beneficios como la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% y la deducción del impuesto al cheque a cuenta de aquel gravamen.
En el ámbito legislativo, el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, condicionó su acompañamiento al Presupuesto 2027 a la aplicación de rebajas impositivas concretas, entre ellas la reducción del impuesto a los combustibles y la baja de la alícuota del IVA del 21% al 10,5% para ciertos sectores productivos como la industria avícola. La UCR y bloques de centro propusieron herramientas paralelas al RIGI, como el «Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes», con beneficios fiscales para atraer capitales y cláusulas de ‘compre nacional’ (al menos 20% de la inversión a proveedores locales) y fomento de economías regionales.
Unión por la Patria cuestiona el RIGI. Máximo Kirchner lo comparó con un «estatuto de coloniaje», mientras que Axel Kicillof criticó que «con tal de hacer anuncios, son capaces de regalar todo».