La iniciativa habilita el cabotaje fluvial y marítimo a navieras extranjeras y cuenta con el respaldo de gobernadores del norte, el ministro de Desregulación y el Consejo Federal de Inversiones. La provincia de Buenos Aires y Jorge Capitanich expresan resistencias. El proyecto incluye beneficios fiscales y cambios en el Código Aduanero, y se integra con el RIGI y la privatización del Belgrano Cargas.
Un proyecto de ley de cabotaje fue consensuado entre gobernadores del norte, la Casa Rosada y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), según se informó. La iniciativa busca autorizar a buques de bandera extranjera a prestar servicios de cabotaje nacional con el objetivo de ampliar la oferta naviera y reducir costos logísticos de las economías regionales.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó en una reciente reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados: “Al norte de nuestro país lo hemos tenido como secuestrado por no dejarle transportar las cosas por el río”. Y agregó: “Podrían mover su producción por la hidrovía a un tercio del costo; han llegado a un acuerdo los gobernadores del norte en un trabajo que se hizo con el CFI; es una revolución logística para el norte de nuestro país”.
El texto autoriza la libre navegación y comercio de cabotaje interno a buques de bandera argentina o extranjera, con la obligación previa de informar su ingreso y período de operación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Asimismo, hace reserva exclusiva para la bandera nacional en actividades estratégicas como la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y el practicaje.
Las condiciones laborales de las tripulaciones de buques extranjeros se regirán por la legislación de su país de abanderamiento, garantizando como piso regulatorio el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) y los convenios de la OMI (SOLAS, MARPOL y STCW), bajo la fiscalización de la Prefectura Naval Argentina. En materia de soberanía, se prohíbe operar en cabotaje a buques fletados o vinculados a empresas que realicen actividades no autorizadas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El proyecto también establece una alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas que realicen de forma habitual actividades de cabotaje. Los armadores nacionales podrán optar por un esquema de amortización acelerada en un mínimo de dos cuotas anuales para las inversiones en bienes muebles amortizables afectados al servicio. Además, se crea un procedimiento sumarísimo de 15 días hábiles para la cancelación de la matrícula nacional ante el Registro Nacional de Buques.
La iniciativa modifica el Código Aduanero para permitir la permanencia indefinida de contenedores en el país bajo el régimen de admisión temporaria, supeditada al envío anual de un listado identificatorio. Asimismo, establece que el libramiento de las exportaciones se perfeccionará directamente en el puerto de origen al momento del embarque, otorga validez legal completa al conocimiento de embarque digital y fija un régimen simplificado de removido acompañado por la factura del cargador.
Los fundamentos señalan que la escasa participación del transporte fluvial y la dependencia del camión generan altos costos que perjudican a las provincias alejadas, como las del NOA, NEA y Patagonia. La desregulación pretende reactivar puertos subutilizados y otorgar alternativas competitivas a sectores clave como la agroindustria, la minería, la industria forestal y los hidrocarburos.
El diputado Diego Santilli aseguró durante la reciente Cumbre Federal de Logística en el CFI: “El proyecto de cabotaje estuvo empantanado muchos años. Es un proyecto que trabajó el CFI con los equipos técnicos, que también tenía un proyecto Federico [Sturzenegger], y terminamos consensuando el del CFI muy bien. No es que nosotros somos obstinados en que es esto o nada”.
En tanto, el gobernador Jorge Capitanich exige la contratación prioritariamente de tripulación y marinos de nacionalidad argentina, cumpliendo los convenios colectivos locales, y defiende la reserva de cabotaje para buques de bandera nacional o armadores locales, limitando el libre ingreso de embarcaciones extranjeras.
El proyecto cuenta con la firma de 13 senadores, entre ellos la santafesina Carolina Losada, en su mayoría del norte, y es impulsado por Patricia Bullrich. Raúl Jalil viene señalando que el RIGI es un “proyecto federal”; Buenos Aires no adhirió.
En Santa Fe, mientras la provincia enfrenta las demoras del “circunvalar Santa Fe” para evitar el paso de trenes por el casco urbano, la privatización del Belgrano Cargas asoma para solucionar ese problema en el marco de un proyecto integrado que el gobierno central tiene para complementar con el tráfico fluvial y reactivar los puertos de cabotaje. Maximiliano Pullaro le puso nombre: el “hub logístico” en Rosario, en cuyo entorno los puertos agroindustriales sumarán en breve la actividad de las mineras con trenes entrando a las estaciones desde Timbúes hacia el sur. Y se suma la terminal de los contenedores en el Puerto de Rosario.
La licitación del FF.CC. Belgrano plantea bajar desde el norte con la carga minera y de granos, pero también subir con los insumos que la zona puede producir, para las explotaciones cordilleranas de cobre, oro, plata y litio. Los mandatarios del norte quieren radicar las Pymes en su zona; el proyecto santafesino procura generar trabajo en la zona y aprovechar la logística.