Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) acumulan más de una década de aplicación con cuestionamientos sobre su costo fiscal, la participación ciudadana y la superposición de calendarios electorales. Un estudio de la Fundación Eforo indica que el Correo Argentino concentró casi el 48% del presupuesto electoral en 2025.
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron concebidas para democratizar las estructuras partidarias en Argentina. Tras más de una década de aplicación, diversos análisis señalan asimetrías entre sus objetivos de diseño y su funcionamiento concreto.
El gasto público electoral es uno de los ejes de cuestionamiento. La política electoral y el financiamiento de comicios generales han demandado presupuestos de $575.000 millones. El Poder Ejecutivo ha proyectado ahorros superiores a los US$ 200 millones mediante la supresión de las primarias.
La suspensión o eliminación de las PASO disminuiría rubros como el aporte extraordinario de campañas y la impresión de boletas únicas, según el planteo oficial. También invita a revisar otros componentes fijos, como el servicio de logística y distribución a cargo de la empresa estatal Correo Argentino. Este concepto registró su máximo histórico en la última elección de 2025 con $225.113 millones, casi el 48% del presupuesto electoral total, según el estudio de la Fundación Eforo. En las generales de 2023, el 90% del dinero recibido por la empresa estatal se destinó a la realización de la primaria y la general, y solo el 10% a la segunda vuelta.
El financiamiento público de una instancia donde, según el análisis, predomina la ausencia de competencia real —debido a que las coaliciones mayoritarias suelen convalidar listas de unidad previamente consensuadas por sus cúpulas— contradice los principios de eficiencia asignativa del gasto público, sostiene el informe. La subejecución de esta herramienta por parte de los partidos políticos se refleja en la encuesta de Isasi Burdman de julio de este año, en la que el 63% de los electores las rechaza.
Desde el análisis de la conducta electoral y la macroeconomía, el diseño de las PASO introduce externalidades negativas severas, según el documento. La superposición de calendarios generada por los desdoblamientos de los comicios a nivel provincial genera un escenario de fatiga institucional del electorado, dado que podría obligar a concurrir a las urnas hasta cuatro o cinco veces en un mismo año. Esta saturación erosiona el valor del voto y distorsiona el debate público hacia lógicas cortoplacistas. A ello se suma que Argentina ha pasado en los hechos de un voto obligatorio a un voto facultativo por la desactualización de las multas por no votar, lo que podría afectar los porcentajes de participación futuros.
Por otro lado, la brecha temporal entre las primarias y la elección general extiende los períodos de transición gubernamental. La introducción de este hiato político inyecta incertidumbre en los mercados internos, desencadenando shocks cambiarios, volatilidad financiera y parálisis en la formación de precios y la inversión productiva, afectando la sustentabilidad macroeconómica general de la nación, según el análisis.
Frente al desgaste del modelo vigente, la reforma política debe orientarse hacia un esquema alternativo basado en dos pilares fundamentales: la autonomía de financiamiento y la opción tecnológica. El primero es el financiamiento privado e institucional a cargo de los partidos. Se propone la eliminación definitiva de la obligatoriedad de las primarias para los ciudadanos no afiliados. La selección de candidaturas debe regresar al ámbito privado de las asociaciones políticas. De este modo, cada partido o coalición debe asumir la responsabilidad financiera y operativa de sus procesos de selección interna, desgravando al contribuyente del costo de sus disputas de liderazgo.
En segundo lugar, el estímulo a la innovación mediante el voto móvil (Mobile Voting). Al quitar la estructura de soporte del Estado centralizado y el consecuente costo de logística física del Correo Argentino, se genera un incentivo de mercado para que los partidos políticos adopten tecnologías modernas de democracia digital. La implementación de votaciones electrónicas encriptadas a través de teléfonos celulares —usando sistemas descentralizados de autenticación biométrica de identidad— permitiría dirimir internas con costos marginales cercanos a cero.
Esta descentralización de los procesos electivos no solo resguardaría las variables fiscales y de estabilidad económica del país, sino que obligaría a las plataformas partidarias a modernizarse, competir en innovación institucional y recuperar su relevancia frente a una ciudadanía crecientemente demandante y digitalizada, concluye el informe.