Los concejales alineados con el intendente Pablo Javkin aceptaron dar marcha atrás con el artículo que habilitaba un régimen de excepciones para permitir la actividad en eventos masivos. Las comisiones volverán a reunirse el miércoles para intentar destrabar la adhesión a la ley provincial.
La discusión por la regulación y prohibición de los cuidacoches en Rosario sumó un nuevo capítulo en el Concejo Municipal, donde los integrantes de las comisiones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y Gobierno y Control volvieron a reunirse sin alcanzar un dictamen definitivo. Sin embargo, el encuentro dejó un giro en la postura del Ejecutivo local: los concejales alineados con el intendente Pablo Javkin aceptaron dar marcha atrás con el artículo que habilitaba un régimen de excepciones para permitir la actividad en determinados eventos masivos, como la Fiesta Nacional de Colectividades, avanzando así hacia una prohibición de carácter general.
El encargado de comunicar este cambio de rumbo fue el edil oficialista Fabrizio Fiatti, quien reconoció que el artículo segundo del mensaje original se prestaba a confusiones y podía ser interpretado con demasiada amplitud. Esta cláusula no solo había sido rechazada por bloques opositores, sino también dentro del propio interbloque oficialista por el socialista Federico Lifschitz, quien advirtió que ese esquema abría la puerta a una «legalización encubierta» de la actividad. Pese a este acercamiento, el Concejo volverá a sesionar en comisiones el próximo miércoles para intentar destrabar la adhesión de Rosario a la ley provincial, vigente desde el pasado 2 de octubre.
Las diferencias entre los distintos espacios políticos radican ahora en la aplicabilidad real de la norma y en las herramientas de control. Desde el oficialismo, Fiatti insistió en que la prioridad es incorporar las sanciones al Código de Convivencia municipal para que los inspectores cuenten con respaldo legal al momento de labrar actas de infracción, y coincidió en que la prohibición debe alcanzar el entorno de los estadios de fútbol. En contraposición, el concejal de La Libertad Avanza, Lautaro Enríquez, sostuvo que eliminar las excepciones resulta insuficiente porque el proyecto no demuestra cómo se hará efectiva la medida en la práctica. Por su parte, desde Ciudad Futura, Antonio Salinas puso en duda que la ordenanza logre erradicar el cobro ilegal en las inmediaciones de las canchas de Newell’s y Central, vinculado a las barras bravas, y advirtió sobre el riesgo de criminalizar la pobreza, comparando la prohibición con un intento de penar la mendicidad y la ayuda social.
El enfoque social y punitivo también generó diversas propuestas entre los ediles. Sabrina Prence, de Nación y Libertad, planteó la necesidad de diferenciar entre quienes pertenecen a las barras bravas —para quienes pidió no tener contemplaciones— y las personas en situación de calle, proponiendo reemplazar las multas económicas por trabajo comunitario y programas de inserción laboral, al considerar inviable que un «trapito» pueda afrontar una sanción pecuniaria. En una línea similar, la concejala peronista Norma López reclamó que la iniciativa incluya mecanismos concretos de asistencia social y protocolos diferenciados para el abordaje de adultos y menores de edad, mientras otros sectores manifestaron su inquietud por la falta de precisión sobre los límites de actuación conjunta entre los agentes municipales y la policía.
Mientras el debate continúa empantanado en el ámbito local, el senador departamental Ciro Seisas, autor de la ley provincial aprobada en septiembre, cuestionó la demora del Concejo en reglamentar la adhesión y recordó que solo en el primer semestre del año se registraron más de 3.400 denuncias al 911 por esta problemática. El legislador dirigió sus críticas tanto al edil libertario Juan Pedro Aleart, a quien le reprochó su ausencia en las reuniones de comisión, como al kirchnerismo, al que acusó de «romantizar la vulnerabilidad» sin aportar soluciones concretas.