El gobierno de Milei cumple 1 año de gestión este 10 de diciembre. Desde La Izquierda Diario realizamos un especial con un análisis de las principales variables económicas. En esta nota presentamos un estudio referido al sector energético, uno de los grandes ganadores, tanto las empresas distribuidoras privatizadas como las generadoras y extractivas, beneficiadas por el fuerte aumento de las tarifas que habilitó el gobierno como también las políticas de desregulación, principalmente con el RIGI.
Tarifazos
El Gobierno viene de aplicar fuertes aumentos en las tarifas energéticas. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) dependiente de la UBA y CONICET, las tarifas en los servicios públicos tuvieron un aumento promedio del 368% acumulado en el año hasta noviembre. Siendo en gas natural y energía eléctrica una variación del 564% y 189% respectivamente. Tarifazos que se ubicaron muy por encima de la inflación promedio, alrededor del 129% acumulado para noviembre, según el último dato de IPC de la Ciudad de Buenos Aires que acompaña generalmente el índice nacional.
Es necesario remarcar que en los meses más fríos del año, que requirió mayor utilización de gas, el aumento llegó a superar el ¡1200% interanual! para el mes de julio, potenciados por los aumentos de febrero y junio.
Los tarifazos fueron en una parte una concesión de desregulación de precios a las empresas privatizadas de servicios que impusieron sus tarifas sin mayor fiscalización o auditoría de los mismos, y por otro lado por la fuerte caída de los subsidios a la energía que recayeron en mayor proporción a los usuarios. Esta última, una política exigida por el FMI de achicamiento del gasto en subsidios para obtener los distintos superávit que garanticen el pago de la deuda.
Para noviembre la reducción de subsidios energéticos fue del 35% promedio interanual. Destacándose una caída del 83% real en el Fondo Fiduciario para el consumo de GLP Y Gas natural por redes, un programa de subsidio a los sectores más postergados donde no llega el gas en red y el consumo se realiza a través de garrafas. Así, luego del incremento del 204% en febrero que ubicó el precio de la garrafa de 15 kg en $7000, actualmente el gobierno autorizó un nuevo aumento luego de la desregulación total de los precios máximos (topes) para los consumidores a través de la Resolución 216/2024. Con un aumento del 24% para diciembre, la garrafa de 15 kg se encuentra en $15.750. Precios internacionales en un país con uno de los yacimientos de gas más importantes del mundo.
De esta manera, si bien el Gobierno festeja la baja de la inflación, los hogares tuvieron que incrementar una porción mayor de su ingreso a los gastos fijos de la vivienda, entre ellos principalmente el pago de tarifas. La actual medición del Indec contempla una canasta de consumo con base en 2004, de actualizar las mismas a la base de la Encuesta Nacional de Hogares de 2018, habría un 8,5% más de inflación adicional acumulada que la actual, según calcula Juan Manuel Telechea en Cenital.
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Por último, en cuanto a los combustibles, un análisis de CEPA remarca que la desregulación de los hidrocarburos hizo que en un país productor los combustibles se paguen a precios internacionales. En ese sentido, la nafta pasó de valer en noviembre $280 a $1.100 en diciembre, un incremento de 292,9%.
Multiplicación de ganancias en el sector energético con Milei
Con la desregulación del sector y los fuertes beneficios que concedió el Gobierno a las empresas energéticas, un sector clave para Milei en su modelo económico, éstas vieron incrementar fuertemente sus ganancias. Detallamos algunas a continuación:
Edenor:
La empresa que dirigen los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti reportó un resultado neto de $235.069 millones en los primeros 9 meses del año. Impulsados por el fuerte aumento en los “ingresos por el servicio”, es decir por el pago de las boletas por los usuarios e ingresos por subsidios. En el 3cer trimestre alcanzaron los $555.788 millones, un incremento de más del 30% real en relación al 3cer trimestre de 2023. Según indica la misma empresa en sus estados contables “esto se debió principalmente al impacto del ajuste de las tarifas de Febrero 2024 (319,2%) y los ajustes mensuales posteriores de Agosto (3%) y Septiembre (3%).”
En el acumulado de los 9 primeros meses del año, la empresa registra ingresos por más de $1,4 billones, un 75% más que los costos de compra de energía. Un brecha que amplió a su favor, cuando el año pasado esta relación implicaba un 51% más, los ingresos que percibió por parte de los usuarios en relación a los costos de compra.
Edesur:
Edesur, la otra gran distribuidora de energía eléctrica en el AMBA, reportó ganancias por $59.937 millones en los primeros 9 meses del año. Los ingresos por su parte fueron de casi 1 billón de pesos, un incremento real del 19% en relación al mismo período del año pasado, a pesar de haber caído la demanda de luz por parte de los usuarios un 1% en este lapso de tiempo.
Por su parte el EBITDA (el resultado operativo final de la empresa, sin los elementos financieros), creció un 133% real interanual en los primeros 9 meses del año, impulsado por el crecimiento de los ingresos. ¿Y las inversiones? Cayeron un 2% interanual en relación al año pasado, pasando de $130.435 millones en 2023 a $128.423 en 2024.
Metrogas:
Metrogas acumuló ganancias por $129.096 millones en los primeros 9 meses del año. Obteniendo un incremento del 544% real con respecto a 2023 en su ganancia operativa (sin la parte financiera e impuestos).
Las empresas productoras y extractivas:
Un informe del centro CIFRA- CTA revela que entre las empresas que “más que duplicaron sus niveles de rentabilidad” en 2024 se encuentran YPF S.A., Tecpetrol del Grupo Techint de Paolo Roca y TGS de Marcelo Midlin (dueño de Pampa Energía).
En tanto, otras empresas que “no duplicaron pero que mantuvieron tasas de utilidad elevadas” fueron, Pampa Energía (36,3%) y Pan American energy (19,9%).
Al análisis de Cifra debemos agregar la Compañía General de Combustibles (CGC) de Eduardo Eurnekian (quien fuera padrino del actual presidente). Para el noveno mes del año mostró un incremento del 551% en sus ganancias con respecto al mismo período de 2023.
Si bien estas empresas se llenan los bolsillos con Milei, esto no repercute en mejoras significativas del servicio o ni siquiera en inversiones productivas. El análisis de CIFRA-CTA destaca que la inversión extranjera directa (IED) –en el marco del RIGI, Vaca Muerta y las políticas “pro mercado”– tampoco haya experimentado un repunte respecto al crítico año 2023. Agregan que, “de hecho la IED se redujo 19% en los primeros 10 meses de 2024 respecto a 2023 y 4,4% si se contrasta con los primeros 10 meses de ese año”.
A pesar de estas enormes ganancias las empresas emitieron bonos de “obligaciones negociables” para hacer negocios financieros con los dólares que ingresaron por el blanqueo. Este año registra un incremento inédito de la cantidad de empresas que emiten este título: 89 en 2024 que contrastan con un promedio de 29 firmas entre 2016 y 2023. Según un análisis de Cifra, el 74,6% de las ON en 2024 fueron de empresas vinculadas a la energía.
Más beneficios con el RIGI
Con la Ley Bases aprobada se dieron beneficios obscenos para el sector petrolero / energético. El más importante tiene que ver con el Gas Natural Licuado (GNL) que podríamos decir que promueve el desabastecimiento nacional en favor de las ganancias empresariales.
La ley les garantiza, a partir del segundo año de la adhesión al RIGI, la exención total de derechos de exportación, es decir retenciones 0%, y libre disponibilidad del 100% de las divisas obtenidas. Algo similar sucede con Ganancias e IVA.
Las autorizaciones de exportación de GNL por 30 años implican «el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna». Casi una promoción del desabastecimiento.
Esto, en sintonía con la liberación total del comercio exterior de hidrocarburos, puede llevar al ridículo de que una empresa exporte GNL y desabastezca al mercado interno al mismo tiempo que se importe GNL para cubrir esa demanda, que se cobra hasta 10 veces más que el gas natural producido en el país.
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Energía para las necesidades del pueblo
El Gobierno tiene al sector energético en un lugar privilegiado para su modelo económico. Además de los beneficios del RIGI, la Secretaría de Energía viene de prorrogar la declaración de la emergencia pública en materia energética hasta julio de 2025 (que había dictado por 1 año en diciembre pasado), habilitando al gobierno a modificar partidas y regulaciones discrecionalmente sobre estos sectores.
Milei realizó un importante quita de subsidios a pedido del FMI para garantizar el pago de la deuda, descargando el valor de la tarifa en los usuarios. Mientras, por otra parte, concede tarifazos a las privatizadas. El plan original del Gobierno era aplicar la “normalización de tarifas” para fin de este año con los aumentos ya acordados y la eliminación mayoritaria de los subsidios.
Lo cierto es que de concretarse estos aumentos, generaría una presión inflacionaria al único “caballito de batalla” que puede presentar el Gobierno, la baja de la inflación. Son las contradicciones que tendrá que afrontar Milei, que por ahora encuentra la solución tomando deuda. En este sentido el Banco Mundial confirmó un préstamo a Argentina de U$D 1000 millones destinado a subsidios a las empresas privatizadas de servicios (500 millones energia, 500 millones transporte) para contener los aumentos.
Es necesario debatir si es más importante las ganancias empresarias a costa de un servicio caro y de mala calidad o considerar a los servicios públicos como un derecho esencial para toda la población.
Con la estatización de todo el sector y eliminando la ganancia empresarial en primer lugar se podría generar un gran ahorro millonario. En segundo lugar, la nacionalización de todo el sistema de servicios públicos con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares, podría hacer más eficiente, económico y sustentable el servicio.
Poner los fondos de un rechazo soberano de la deuda ilegal al servicio de desarrollar las inversiones necesarias, repensar el sistema energético con el conocimiento de las universidades y profesionales en acuerdo con la comunidad para garantizar energía acorde a las necesidades de las mayorías, en plan de pensar un verdadera y democrática transición energética que sea sustentable y económico para el pueblo.