El juez federal Ernesto Kreplak concedió el arresto domiciliario transitorio a Natalia Romina Foresio, la contadora platense procesada en el marco de una causa por evasión impositiva multimillonaria. La decisión judicial se basó en las condiciones “absolutamente indignas” que padecía la acusada durante su detención en la Comisaría Primera de La Plata.
Foresio llevaba más de dos meses privada de libertad en una dependencia que, según la propia resolución, no cuenta con instalaciones aptas para detenciones prolongadas. La presentación de un habeas corpus por parte de sus abogados, Miguel Molina y Alfredo Gascón, expuso una serie de irregularidades que el juzgado consideró inaceptables.
“Me está haciendo mal a la salud, claramente, a la cabeza, a todo. No doy más ahí adentro”, declaró Foresio durante la audiencia. Allí describió condiciones extremas: falta de calefacción, ausencia de agua caliente, alimentos ingeridos en el suelo y una sobrepoblación crítica. También denunció que debían bañarse con agua calentada en una pava eléctrica compartida entre trece mujeres.
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En su resolución, el juez Kreplak subrayó que el alojamiento no cumplía con los estándares básicos de las Reglas Mandela, especialmente en cuanto a ventilación, temperatura adecuada y acceso a agua potable. “Prolongar su detención significaría un menoscabo en sus derechos”, concluyó. Por eso, dispuso el traslado inmediato de Foresio a su domicilio en La Plata, con control diario de la Delegación de Unidades de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (DUOF) y severas restricciones de contacto y movilidad.
El abogado Miguel Molina, uno de los abogados que asiste a la acusada, explicó a PERFIL que “la solicitud de prisión domiciliaria fue una respuesta urgente frente a una situación incompatible con los estándares más básicos de derechos humanos”.
“Sus condiciones eran absolutamente inhumanas: sin acceso a agua potable, sin suministro eléctrico durante días, obligada a alimentarse en el piso, entre otras aberraciones. Las comisarías no son lugares aptos para detenciones prolongadas”, insistió. También cuestionó la inacción estatal: “El juez pidió hace más de un mes un cupo en el SPF y hasta el momento no tuvo respuesta, por lo que no puede seguir esperando”.
La defensa de Foresio sostiene además que el caso no justifica la medida de encierro: “Se trata de una persona que aún no ha sido condenada. Mantenerla en esas condiciones durante semanas constituye una forma de castigo anticipado. La presentación de habeas corpus fue una herramienta legal necesaria ante una omisión grave del sistema, y la resolución judicial es coherente con los principios de humanidad que deben regir la prisión preventiva”.
El contexto del expediente judicial es complejo. Foresio está procesada como coautora de una organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas por un monto estimado de 4 mil millones de pesos. Según la acusación, habría formado parte de una estructura que lavaba activos a través de sociedades ficticias. El juzgado considera que su rol excede el mero asesoramiento contable, aunque la defensa insiste en lo contrario.
En el marco de la causa, se realizaron 17 allanamientos simultáneos, donde se secuestraron grandes sumas de dinero, autos y armas. Ninguno de esos elementos, según la defensa, fue hallado en la vivienda ni en el estudio de la contadora.