Un informe de la UBA señaló que en el último trimestre de 2025 el 72 por ciento de la población redujo sus gastos diarios, en particular en alimentos e indumentaria, como consecuencia de la caída del poder adquisitivo tras las medidas de ajuste del gobierno nacional. De ese porcentaje, un 76% corresponde a mujeres mientras que un 66% son varones. Para la economista y docente Victoria Scarione, el ajuste tiene cara de mujer y lo fundamenta en otros datos complementarios: 7 de cada 10 hogares monoparentales con jefa mujer están bajo la línea de pobreza, y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.
“En estos hogares la mujer suele estar pluriempleada, en condiciones de informalidad, y es la que sostiene todo el peso. Por eso, el ajuste tiene cara de mujer. No son hipótesis, lo confirman los datos: el decil de más bajos ingresos está compuesto por un 62% de mujeres. Todas estas cifras refuerzan que el ajuste repercute con más fuerza sobre las mujeres”, señaló Scarione a El Ciudadano.
Un dato relevante es la brecha de ingresos -que incluye todo tipo de ingresos, no solo salariales- que representa el 29,5% entre mujeres y varones. En los puestos no calificados -asociados a la informalidad- esta brecha alcanza el 36,1%. “Esto no se debe a una elección, sino a que las mujeres, al tener que sostener los hogares, se ven forzadas a aceptar estos trabajos. La tasa de subocupación es de 14,8% en mujeres mientras que es de un 9% en varones, lo que refleja que tienen menos tiempo para el trabajo productivo por las tareas de cuidado, llevando en muchos casos una triple jornada: trabajo remunerado, tareas domésticas y comunitarias”, explicó.
“Cuando el Estado desfinancia políticas públicas, como las tareas de cuidados, violencia de género, ESI, esas responsabilidades se privatizan en los hogares, que son el principal lugar de reproducción de desigualdades. Quienes tienen recursos pagan por cuidados; quienes no, recargan a las mujeres, ampliando las brechas”, agregó.
En relación con el pluriempleo, Scarione señaló que en 2023 las mujeres con empleos múltiples representaban un 14,8% mientras que los varones un 6,9%. Para fines de 2025 el pluriempleo aumentó y subió a 15,4% en mujeres y 8,9% en varones. Según la economista, el fenómeno afecta principalmente a jóvenes y se condice con las estadísticas de informalidad, que alcanzan un récord histórico del 43,4%: “Esto explica por qué, pese a la pérdida de más de 300.000 empleos registrados, la tasa de desempleo no se disparó: aumentó el cuentapropismo y el trabajo en plataformas como Uber o Pedidos Ya”.
Cuestión de clase
Otro de los datos relevantes que se desprenden del informe es que el impacto de las medidas golpea más fuerte a las clases de menores ingresos. Según el relevamiento, sólo un 38 por ciento de los hogares de altos ingresos manifestó reducir gastos mientras que el ajuste en los de bajos ingresos alcanza al 82% de los hogares.
“Más allá de la diferencia de género (las mujeres ajustan más esos consumos que los varones), existe una clara cuestión de clase. Esto refuerza las desigualdades: un hogar que ya tiene dificultades para acceder a lo básico debe ajustarse aún más, lo que redunda en un empeoramiento de la calidad de vida, como saltarse comidas o medicaciones. Las familias con más recursos tienen otras herramientas para enfrentar la crisis”, señaló.
Otro problema a destacar es el aumento de la morosidad familiar. Según datos del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, en solo un año se multiplicó por cinco, alcanzando un 7,8% en créditos personales y un 18% en préstamos de fintech (billeteras digitales no reguladas). “Estos últimos son montos bajos, a corto plazo y con tasas altas. El endeudamiento es mayor en jóvenes y es un multiendeudamiento, con varias plataformas a la vez, destinado a solventar gastos diarios de supervivencia, no gastos extraordinarios. Esto está gestando una burbuja difícil de desarmar”, explicó Scarione.
Reforma
En medio de esta situación la discusión de una reforma laboral “promueve más precarización, sin tocar temas clave como las licencias o las políticas de cuidado”.
“Una primera medida de esta gestión fue suspender la moratoria previsional. Esto permitía a muchas mujeres jubilarse pagando los aportes no realizados, generalmente por haber trabajado en informalidad como amas de casa. Ahora, sin moratoria, deben esperar hasta los 65 años para acceder a una pensión. La reforma también incluye medidas como el pago del salario con tickets, similares a los ticket canasta de los 90, lo que no implica una mayor libertad, sino otra forma de precarización”, repasó Scarione.
“Cuando el Estado se retira de su rol, desfinancia infraestructura, políticas de cuidado, y promueve reformas que precarizan el trabajo, se pierden derechos para toda la sociedad. Esa pérdida de derechos tiene cara de mujer y de clase, porque amplía las brechas estructurales existentes, deteriorando la salud, el tiempo para el trabajo o el estudio, y reforzando un enfoque interseccional donde la clase está atravesada por el género”, concluyó.