El Ministerio Público Fiscal del fuero federal en Rosario acusó a Bailaque y a tres cómplices por extorsión y maniobras para quedarse con un terreno en Funes; el juicio podría ser este mismo año.
El Ministerio Público Fiscal solicitó 10 años de prisión para el ex juez federal Marcelo Bailaque, acusado de extorsionar a una empresa de la construcción en Rosario. La presentación fue realizada por los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari ante la Justicia Federal de Rosario. Se estima que el juicio podría comenzar durante el primer semestre de 2026.
La investigación apunta a que la empresa damnificada fue presionada mediante su posición judicial para ceder un terreno ubicado en el barrio privado Vida, en Funes. Además de Bailaque, los fiscales solicitaron 4 años y medio de prisión para su esposa y funcionaria judicial provincial, Graciela Martínez Maulion, y 6 años para el escribano santafesino Santiago Busaniche, señalado como operador y gestor de las maniobras.
El caso revela irregularidades en la compra del terreno: en agosto de 2020, Martínez Maulion firmó un contrato de cesión de derechos con la empresa Edeca SA por un valor declarado de 35 mil dólares, mientras que un borrador del contrato encontrado en el celular de uno de los directivos mostraba que el precio real pactado era de 70 mil dólares, pagados en efectivo. Los fiscales sostienen que la subfacturación buscaba ocultar el origen ilícito del dinero.
El financista Fernando Whpei, empresario rosarino vinculado a medios, finanzas y mutualismo, actuó como intermediario entre Bailaque y las víctimas. Whpei ya declaró como arrepentido y fue condenado tras un acuerdo homologado. En paralelo, se espera que se formalice otra acusación contra Bailaque por presunta protección al narcotraficante Esteban Alvarado.
Los fiscales describen un esquema organizado de “relojería judicial”: Busaniche habría instigado la maniobra y se presentó como facilitador ante actores del poder judicial, político y empresarial. Según la acusación, fue quien transmitió a Bailaque la decisión de armar una causa penal contra el empresario Claudio Iglesias y su socio Jorge Oneto, que incluyó cinco allanamientos ilegales en sus domicilios antes del 1 de noviembre de 2019, con el objetivo de dañar su imagen pública y obstaculizar su carrera en el Grupo San Cristóbal.
La coordinación previa quedó evidenciada en los registros de la denuncia apócrifa presentada ante la AFIP: la misma ingresó a la oficina de Bailaque a las 12:35 y fue registrada oficialmente a las 12:55, demostrando que todo el procedimiento estaba planificado para beneficiar a los acusados y perjudicar a las víctimas.
Según los fiscales, el ex juez, su esposa y Busaniche actuaron con el fin de despojar ilegalmente a la víctima de su propiedad y de encubrir el origen ilícito del dinero mediante contratos subfacturados, lo que constituye un caso de extorsión, abuso de poder y tráfico de influencias de gran magnitud.
El pedido de condena incluye además la solicitud de prisión para los cómplices y refleja la magnitud de las maniobras: legalmente, se trata de un expediente que combina extorsión, subfacturación, uso indebido de influencias judiciales y presunto encubrimiento de delitos conexos. Si se aprueba la acusación, el juicio permitirá dirimir la responsabilidad de Bailaque y de los otros tres implicados en los hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
Fuente: SFA/RU