Un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, genera opiniones encontradas. Mientras algunos legisladores aseguran que es aclaratoria, referentes ambientales advierten sobre posibles consecuencias económicas y fiscales, incluso para provincias como Santa Fe.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados tras obtener media sanción en el Senado, continúa generando un amplio debate a nivel nacional. La iniciativa es presentada por sus impulsores como «aclaratoria» de la normativa vigente que protege estos reservorios de agua.
El diputado santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) afirmó que el proyecto busca ser aclaratorio y aseguró que «la protección de los glaciares se mantiene intacta». Sin embargo, desde la oposición y el ambientalismo se plantean críticas y advertencias sobre los posibles efectos de la modificación.
Mirko Moskat, del Taller Ecologista, señaló que una eventual reforma podría tener cuatro consecuencias principales: la erosión de la normativa ambiental, un impacto económico y fiscal por futuros problemas hídricos, la «destrucción de la confianza institucional» y el debilitamiento de la posición argentina ante organismos internacionales.
«Santa Fe no quedará ajena a las crisis que ocurran por la destrucción de glaciares, ya sea por el impacto económico que inevitablemente se traslade como por el costo fiscal de tener que atender estas crisis», expresó Moskat. Además, se preguntó cómo afectaría una crisis hídrica en las provincias cordilleranas a los precios de los productos que llegan desde allí.
Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) publicó una carta abierta pidiendo a sus colegas no acompañar la reforma. «Los glaciares no son un recurso local. Son parte de sistemas hídricos complejos que atraviesan jurisdicciones», expresó, y enumeró que provincias como Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa o Buenos Aires dependen del agua que nace en la cordillera.
El debate pone en discusión no solo la protección ambiental, sino también las posibles repercusiones económicas y sociales a lo largo de todo el país, incluyendo a provincias como Santa Fe que, si bien no tienen glaciares, forman parte del sistema hídrico nacional.