Una iniciativa que propone un protocolo integral con operativos tácticos y sanciones más severas, incluido el desmantelamiento de vehículos modificados, suma apoyos políticos para su tratamiento.
Un proyecto de ordenanza que busca establecer un protocolo de «tolerancia cero» contra las picadas ilegales en Rosario está ganando impulso en el Concejo Municipal. La propuesta, presentada por la concejal Samanta Arias (LLA), ha recibido aportes de otros bloques y cuenta con el respaldo del oficialismo, lo que acelera su análisis en comisión.
El eje de la iniciativa es la creación de un Protocolo Antipicadas que plantea pasar de operativos aislados a una estrategia sistemática. Propone la intervención coordinada de distintas áreas municipales y herramientas más contundentes para disuadir y sancionar a quienes realicen pruebas de velocidad ilegal y conducción temeraria en la ciudad.
«Queremos terminar con las picadas ilegales en nuestra ciudad. En Rosario, el que crea que puede usar la calle como pista de carreras, tiene que saber que vamos a ser inflexibles», afirmó Arias.
El proyecto surge ante reiteradas denuncias vecinales por descontrol vehicular, especialmente en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid, y la avenida Carrasco entre Puccio y Pintor Musto, en las inmediaciones de La Florida. Según testimonios, durante las madrugadas se registran concentraciones de autos y motos que corren a alta velocidad, generando riesgos y alterando la vida cotidiana.
Entre los puntos centrales, la iniciativa establece operativos tácticos de saturación permanente de la Secretaría de Control y Convivencia durante fines de semana y vísperas de feriados. El despliegue se guiaría por un mapa de calor del delito y las denuncias vecinales al 147, e incluiría operativos cerrojo para bloquear vías de escape y secuestrar vehículos en el acto.
Uno de los aspectos más destacados es la denominada «adecuación técnica obligatoria». En caso de secuestro, los jueces de faltas deberían ordenar el decomiso y destrucción de autopartes no homologadas (como sistemas de óxido nitroso o escapes modificados) antes de devolver el vehículo, coste que debería ser afrontado por el infractor.
«El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la seguridad e incluso la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse», sostuvo la concejal.
Además, el proyecto contempla un aumento considerable de las multas por reincidencia, pudiendo llegar a la inhabilitación judicial definitiva para conducir tras una segunda reincidencia. Desde el oficialismo local se manifestó una visión positiva sobre la posibilidad de avanzar en una normativa que fortalezca las herramientas de control ante esta problemática.