Un grupo de penalistas cuestiona la Orden Interna N° 20, que establece nuevos requisitos para que los defensores particulares visiten a detenidos, alegando que afecta el derecho de defensa.
Un grupo de abogados y abogadas penalistas de Rosario presentó este martes un hábeas corpus correctivo y colectivo contra la Orden Interna N° 20 del Servicio Penitenciario de Santa Fe. La normativa establece nuevos requisitos para que los defensores particulares puedan entrevistarse con personas privadas de su libertad.
El recurso fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Los profesionales denuncian que la orden, firmada por la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, afecta el derecho de defensa. La directiva, representada por Lucía Masneri, dispone que los abogados particulares deben acreditar su designación como defensor técnico antes de ingresar a los penales, trámite que debe constar en los registros del interno. Para una primera designación, se exige un documento firmado por un familiar del detenido o un trámite previo vía correo electrónico con la unidad penitenciaria.
Los abogados sostienen que el Servicio Penitenciario no posee facultades legales para controlar el ejercicio de la abogacía ni para crear un registro paralelo de nombramientos, tarea que corresponde a la OGJ. En el escrito judicial, señalaron que la medida genera un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención al dificultar el contacto libre y privado entre el abogado y su defendido.
El texto advierte que la disposición solo afecta a abogados particulares, excluyendo a defensores públicos, lo que consideran un trato desigual. Además, subrayan que obstaculizar el contacto con los defensores de confianza vulnera la Constitución Provincial y tratados internacionales de Derechos Humanos.
Los abogados indicaron que, si bien la orden podría buscar evitar irregularidades, los medios elegidos son «excesivos» y se convierten en un «obstáculo más a la defensa técnica privada». El recurso solicita que se remitan las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar posibles delitos de usurpación y abuso de autoridad, alegando que la autoridad firmante asumiría funciones de la OGJ.
Por este motivo, pidieron una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de la Orden Interna N° 20 y solicitaron la realización de una audiencia oral y pública para tratar el caso. Entre los firmantes se encuentran Antonela Travesaro, Rodrigo Mazzuchini, José Luis Giacometti, Franco Galazzo, Aníbal Rodríguez, Juan Ubiedo, Juan Pablo Castagna, Sergio Larrubia, Fiorella Pozzo, Enrique García, Jorge García Coupe, Pablo Bedouret, Natalia Rubio Molina, Mariano Cabrerizo, Mauro Tolotti, Elia Bollecich Masters, Candela De Marchi, Juan Ignacio Sosa Quinteros, Juan Pablo Mc Cormack, Romina Bedetti, Rosana Rizzo, Yamile Abdul Al, Adrián El Juri, Néstor Antenucci, María del Carmen Varela, Gonzalo Rucci, José María Villadelmoros, Cristian Ariel González y Patricia Guzmán.