La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó avanzar con las declaraciones indagatorias de seis directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A. y de ocho exfuncionarios bonaerenses en una causa por presunta contaminación del río Paraná y suelos en San Nicolás.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó avanzar con las declaraciones indagatorias de seis directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A. y de ocho exfuncionarios bonaerenses vinculados a organismos de control ambiental e hídrico, en una causa que investiga presuntos hechos de contaminación del río Paraná y de los suelos de la zona de San Nicolás.
La decisión fue adoptada por la Sala B del tribunal al hacer lugar a los recursos presentados por la fiscalía federal y la querella integrada por vecinos de esa ciudad del norte bonaerense. De este modo, los camaristas revocaron la negativa del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien había postergado en distintas oportunidades los pedidos de indagatoria.
La investigación se inició en 2014 a partir de una denuncia de habitantes de San Nicolás que atribuyeron a la planta local de Atanor el vertido de efluentes contaminantes al Paraná, la disposición irregular de residuos peligrosos y emisiones que habrían afectado el ambiente y la salud de la población cercana.
Durante la instrucción se incorporaron testimonios de vecinos y extrabajadores, además de estudios que detectaron la presencia de sustancias utilizadas en la actividad agroquímica en muestras de agua y suelo.
Según la acusación impulsada por el fiscal federal Matías Di Lello, los responsables de la empresa habrían generado contaminación ambiental mediante el vuelco de residuos peligrosos y otras prácticas que pusieron en riesgo la salud pública. A su vez, los funcionarios provinciales son investigados por presuntos incumplimientos en sus deberes de control y fiscalización ambiental.
Al resolver la apelación, la Cámara consideró que existe un conjunto de elementos probatorios suficiente para avanzar con las indagatorias y señaló que las pruebas aún pendientes podrán ser evaluadas más adelante, al momento de definir la situación procesal de los imputados.
Los jueces también remarcaron la prolongada duración de la investigación, que lleva más de una década en trámite, y cuestionaron las reiteradas postergaciones de una decisión sobre los pedidos formulados por las partes acusadoras.
Con esta resolución, la causa ingresa en una nueva etapa procesal y los imputados deberán ser convocados a declarar por los hechos que se investigan.