En una jornada en la Cámara de Diputados, legisladores y especialistas debatieron la posibilidad de que la provincia avance en un marco normativo para entornos digitales, ante la ausencia de una ley nacional.
Santa Fe comenzó a debatir la posibilidad de avanzar en regulaciones de plataformas digitales para menores. La jornada de debate y reflexión sobre “Regulación de entornos digitales para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes” se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La convocatoria fue impulsada por las diputadas Gisel Mahmud, Astrid Hummel y Varinia Drisun, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezada por Juan Cruz Giménez, y la Defensoría del Pueblo, a cargo de Arístides Lasarte. Expositores invitados fueron Juan Facundo Hernández y Joaquín Cruzalegui, quienes presentaron datos de percepción social y posibles líneas de acción a partir de una investigación de la asociación Protección Digital Argentina.
Mahmud señaló que la reforma constitucional de 2025 incorporó derechos digitales y que “ahora tenemos la tarea de pensar cómo legislamos y qué políticas públicas nos pueden permitir hacerlo efectivo”. Hummel citó un informe de UNICEF de 2025 según el cual el 76% de los niños y adolescentes encuestados conoce herramientas como ChatGPT y el 58% las utilizó al menos una vez. Drisun aportó que el 90% de niñas, niños y adolescentes reconoce no tener control sobre el tiempo que pasa conectado y que el 47% estuvo expuesto a contenido sexual en entornos digitales.
Hernández propuso tres niveles de acción: alfabetización digital, políticas públicas frente a riesgos como grooming y apuestas online, y legislación sobre “código de diseño apropiado para la edad”. Mencionó regulaciones internacionales como las del Reino Unido, la Unión Europea, España, Brasil y experiencias subnacionales de Estados Unidos. Cruzalegui presentó una encuesta que indica que en la región centro un 62,5% apoyaría una regulación nacional y casi el 80% considera necesaria una política de educación digital.
La propuesta de Protección Digital Argentina es que las provincias pueden desarrollar herramientas propias, como protocolos para violencia digital, canales de denuncia, formación de equipos técnicos y exigencias para contratar plataformas educativas. También se abordó la necesidad de incorporar recomendaciones pediátricas sobre pantallas, el rol de las universidades en investigación y ciberseguridad, y la preocupación por la ludopatía digital.