La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó con 32 votos a favor y 14 en contra un proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional N° 27.072, con el objetivo de jerarquizar la profesión de trabajo social y actualizar el marco normativo provincial vigente desde 1976.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este miércoles, con 32 votos positivos y 14 negativos, un proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional N° 27.072 de Trabajo Social, sancionada en diciembre de 2014. La iniciativa, impulsada por el diputado socialista Rubén Galassi, contó con el respaldo de los legisladores José Corral (UCR), Alejandra Rodenas (PJ), Celia Arena (PJ), Varinia Drisun (PS) y Carlos Del Frade (FAS).
El texto aprobado modifica dos artículos y deroga otros dos de la Ley Provincial N° 7754, vigente desde enero de 1976. Los artículos reformados son el 4 y el 6, mientras que los derogados son el 3 y el 9. En la nueva redacción del artículo 6 se establece que «el ejercicio independiente de la profesión estará también sujeto a las normas de inscripción en el Registro de Profesionales y contralor del ejercicio de la profesión que habrán de efectuar los Colegios de Profesionales del Trabajo Social, con su correspondiente Tribunal de Ética Profesional».
La ley nacional a la que se adhiere tiene como fin promover la jerarquización de la profesión de trabajo social, establecer un marco normativo general para su ejercicio en todo el país, determinar las incumbencias profesionales, proteger el interés de los ciudadanos mediante condiciones mínimas de calidad e idoneidad, ampliar la obligatoriedad de la matriculación y regular los derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores sociales.
Durante el debate, diputados de la región norte, como Dionisio Scarpin (UCR) y Emiliano Peralta (Somos Vida), expresaron su rechazo al proyecto. Scarpin manifestó: «La jerarquización no puede ser a costa de otros, dejando de lado a los jóvenes del interior». Peralta agregó: «No hay motivos para que la gente del interior quede afuera». En tanto, Amalia Granata (Somos Vida), Omar Paredes (Unidad por Santa Fe) y Ariel Bermúdez (Creo) también sumaron votos negativos.
Galassi, en su defensa del proyecto, afirmó: «El proyecto procura adecuar el marco normativo que regula el ejercicio profesional de trabajadores sociales en la provincia de Santa Fe, tomando como referencia lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo Social sancionada en el año 2014. Desde entonces, la mayoría de las provincias argentinas han avanzado en procesos de adhesión o adecuación normativa, mientras que en Santa Fe continúa vigente la Ley N° 7754, sancionada a fines de 1975».
Una de las preocupaciones manifestadas por los legisladores opositores fue el impacto sobre dos institutos terciarios que dictan la carrera de asistente social en Reconquista y Venado Tuerto. Actualmente, los egresados de esos institutos pueden matricularse en el Colegio profesional, situación que no está contemplada en los mismos términos por la ley nacional. El texto aprobado incluye disposiciones transitorias para resguardar situaciones consolidadas y evitar efectos regresivos. Se establece que quienes posean títulos expedidos antes de la vigencia de la nueva ley conservarán su habilitación para el ejercicio profesional, siempre que acrediten haberse matriculado en alguno de los Colegios creados por la Ley 7754.
José Corral (UCR) cerró el debate señalando que «la ley no es contra nadie» y negó que se produzca el cierre de institutos terciarios. Claudia Balagué (FAS) sostuvo que «necesitamos cada vez más trabajadores sociales para liderar equipos multidisciplinarios», mientras que Celia Arena (PJ) recordó que ya 18 provincias adhirieron a la norma nacional y aseguró que la ley prevé la situación de quienes no poseen título universitario. La iniciativa fue girada al Senado provincial para su revisión.