El Fondo Monetario Internacional ha planteado una serie de recomendaciones para el sistema previsional argentino, entre ellas la unificación de regímenes, pero la Constitución de Santa Fe protege su caja provincial. La caída de la natalidad agrava la crisis demográfica que presiona el sistema.
El FMI ha ratificado que el sistema previsional argentino es fiscalmente insostenible debido a debilidades estructurales que debilitan los incentivos para aportar y generan presiones fiscales persistentes. El gasto en haberes representa aproximadamente el 45% del presupuesto nacional y se prevé que aumente a medida que las presiones demográficas se intensifiquen.
El organismo multilateral plantea unificar sistemas previsionales; el de Santa Fe tiene rango constitucional. La nueva Constitución de Santa Fe establece en su Artículo 24 que la Caja de los empleados públicos «se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. Las jubilaciones y pensiones son móviles. La administración está a cargo de un órgano intransferible. La sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables».
Los principales problemas identificados en el último reporte del organismo son la fragmentación (existen más de 200 regímenes diferentes), la débil relación entre aportes y beneficios, y el uso recurrente de moratorias que desdibujan la distinción entre pensiones contributivas y no contributivas.
El FMI ha establecido como meta estructural (structural benchmark) el desarrollo de un plan de reforma para fines de diciembre de 2027. Las recomendaciones específicas del organismo incluyen integrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones básicas en un pilar no contributivo unificado financiado por rentas generales. Asimismo promueve mantener el SIPA como un sistema puramente contributivo para mejorar la transparencia. Y fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios: pasar de un umbral rígido de 30 años de aportes a un esquema de devengamiento proporcional de derechos, lo que incentivaría la formalidad y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.
Entre los objetivos del FMI se plantean metas poco probables o incluso constitucionalmente imposibles. De hecho pide armonizar y simplificar los regímenes, unificándolos gradualmente con los especiales y provinciales en el sistema nacional (SIPA) para reducir inequidades y complejidad administrativa.
Para el FMI hay necesidad de vincular gradualmente la edad de jubilación con los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. El organismo propone ampliar la base de contribuyentes: reducir la informalidad laboral y aumentar los requisitos de contribución para los regímenes tributarios simplificados.
El gobierno central coincide en la necesidad de la reforma, pero sostiene que debe ser secuenciada: primero debe aumentar la formalidad laboral (apoyada por la reciente Ley de Modernización Laboral) y luego avanzar con la reforma previsional y tributaria para fomentar el crecimiento liderado por el sector privado.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió en un nuevo informe que «los nacimientos cayeron casi a la mitad en una década». Según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud nacional, entre 2003 y 2015 nacían en promedio en la Argentina aproximadamente 737 mil niños por año. En el 2024 nacieron apenas 413 mil niños, una caída del 44% en la última década. Idesa sostiene que «la caída de la natalidad acelera la crisis previsional» y que «en los sistemas de reparto, los adultos pagan las jubilaciones de los mayores con la expectativa de que los niños paguen sus jubilaciones cuando ellos sean los potenciales beneficiarios. Pero si hay cada vez menos niños, el esquema de reparto deviene no sustentable».
Idesa también señala que «este cambio demográfico también pone en fuerte tensión la cobertura de salud para la vejez» y que «los sistemas de educación provinciales siguen formando e incorporando docentes de educación primaria cuando las tendencias son claramente a la reducción de la matrícula». El centro de estudios recomienda «modernizar las reglas del trabajo docente para priorizar el objetivo de aumentar la calidad de la educación» y «una reconversión de los prestadores de salud, tanto públicos como privados, para adecuarlos a una menor demanda de servicios pediátricos».