La coalición gobernante no logró acordar el tratamiento de la ley de cuidacoches en el Senado, que quedó postergado hasta después del receso invernal. En paralelo, tres sectores de Unidos presentaron proyectos de reforma electoral por separado.
La reforma electoral y la ley de cuidacoches pusieron a prueba la capacidad de la coalición gobernante Unidos para alcanzar consensos legislativos en Santa Fe. La sesión del Senado prevista para este jueves no se concretó debido a diferencias internas, y el debate quedó postergado hasta después del receso invernal.
La ley de cuidacoches, impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, fue aprobada inicialmente por el Senado con un texto que establecía la prohibición general de la actividad en espacios no autorizados. Luego, en la Cámara de Diputados, sufrió modificaciones: se limitaron las sanciones a quienes exijan o requieran de manera intimidatoria una retribución económica, se delegó en cada municipio la potestad de prohibir o autorizar la actividad y se incorporó la creación de dos nuevos cargos judiciales en Rosario y Santa Fe. El regreso del expediente al Senado debía ser el paso final, pero el interbloque Unidos no logró saldar sus diferencias.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, tomó distancia de la versión aprobada por Diputados. Cuestionó que la provincia avance sobre una problemática que considera propia de los municipios y rechazó la creación de nuevos cargos judiciales. «No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio, nombrar fiscales. Es un gastadero de plata», afirmó.
En la Cámara de Diputados, tres sectores de Unidos presentaron por separado sus proyectos de reforma electoral. El socialista Joaquín Blanco, el referente de UNO Walter Ghione y la radical Silvana Di Stéfano impulsaron iniciativas propias, que se suman a las presentadas por el bloque justicialista y el Frente Amplio por la Soberanía. Los tres proyectos coinciden en la continuidad de las PASO, la separación de los comicios provinciales de los nacionales y, en dos casos, en mantener la Boleta Única de Papel. Sin embargo, difieren en alcances y prioridades.
El proyecto del socialismo propone un nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos, con un Juez Electoral Provincial permanente y una Oficina de Gestión Judicial especializada. El radicalismo plantea una nueva Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral, enfocada en la vida interna de los partidos y la transparencia patrimonial. El proyecto de UNO es más breve: modifica algunas leyes para adecuarlas a la nueva Constitución, establece un piso del 3,5% del padrón para acceder a bancas, introduce el casillero de “voto lista completa” y ratifica el sistema D’Hondt.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, evitó fijar una fecha para el tratamiento y sostuvo que el avance dependerá de los acuerdos políticos. «El proyecto se va a tratar cuando los legisladores reúnan los consensos», declaró. La intención del oficialismo es que el debate se resuelva durante julio, aunque Bastia admitió que requerirá diálogo.
El antecedente de la reforma constitucional del año pasado muestra que, en un proceso con cronograma definido y una convención reformadora, los partidos de Unidos lograron unidad de criterios tras intensas negociaciones.