El intento de reforma de la ley de tierras en Argentina movilizó a sectores sociales que, a través de redes y protestas callejeras, frenaron la iniciativa. El Gobierno debió recortar el texto durante la sesión y ahora enfrenta un escenario parlamentario complejo.
El proyecto de reforma de la ley de tierras, impulsado por el Gobierno nacional, encontró una resistencia social que se expresó en redes sociales y en manifestaciones públicas. Esta oposición, carente de una conducción política definida, logró frenar la iniciativa en el Congreso.
Durante la sesión, el oficialismo debió reducir el alcance del texto, especialmente en el capítulo referido a la ley de manejo del fuego. Según fuentes parlamentarias, los votos no estaban asegurados y la negociación se tornó compleja.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó la demora en el tratamiento al tiempo que el presidente Javier Milei dedicó a la situación de Manuel Adorni. En un video, Bullrich señaló que su intervención fue clave para evitar el naufragio de la ley.
Por otro lado, funcionarios del oficialismo y aliados apuntaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como autor de proyectos que generan resistencia en el Congreso. «Sturzenegger manda locuras, y después tienen que ir para atrás. El problema es que Milei compra», declararon en el ámbito legislativo.
El conflicto con los prácticos de puerto, que paralizó durante cuatro días el principal polo agroexportador, fue uno de los episodios que marcaron la gestión. En el círculo empresarial, algunos interpretaron la marcha atrás como un gesto de pragmatismo del presidente.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, en una reunión reservada con empresarios, sugirió que «hace falta un Milei peronista», según asistentes al encuentro. También planteó la necesidad de que los empresarios asuman un rol más activo en el país.
El Gobierno, por su parte, anunció que impulsará proyectos propios y de bloques dialoguistas. En el caso de Santa Fe, la diputada Gisela Scaglia presentó una propuesta para ampliar las competencias provinciales en el combate al narcomenudeo.
Sin embargo, los errores no forzados del oficialismo reducen las posibilidades de avanzar con otras reformas. La suspensión de las PASO y el proyecto de Súper Rigi están rodeados de interrogantes.
Entre los 33 senadores que rechazaron la ley de propiedad privada se encuentran representantes de Tucumán, Salta, Neuquén y Santa Cruz, votos que los operadores libertarios esperaban obtener.
Una encuesta de Atlas-Intel mostró que la evaluación de gestión del Gobierno empeoró: la opción «muy malo/malo» pasó de 54% a 54,7% entre junio y julio, mientras que «excelente/bueno» bajó de 34% a 30,1%. El rechazo es mayor entre los jóvenes de 16 a 24 años, donde siete de cada diez consideran que el Gobierno es malo o muy malo.
Las expectativas económicas también son negativas: solo el 26% de los encuestados cree que la economía mejorará en los próximos seis meses, mientras que el 56% estima que empeorará. La corrupción (48%), el desempleo (47%) y la inflación (37%) son los principales problemas percibidos.
El peronismo participó de la resistencia a la ley, pero no la lideró. Entre los manifestantes había simpatizantes y militantes del peronismo, aunque la dirigencia del partido no canalizó el malestar.
La Iglesia Católica también se pronunció. En la misa de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que la libertad económica no puede ser absoluta y describió una sociedad que necesita acumular empleos y deudas para llegar a fin de mes.
El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre. Según fuentes eclesiásticas, su mensaje se ubicará en las antípodas del discurso de Milei, cuestionando el fundamentalismo de mercado y el individualismo.