El juez Luis Octavio Silva les concedió la libertad bajo reglas de conducta. La fiscalía los acusaba de amenazas calificadas y violación de domicilio. El ex convicto cumplió una condena de 25 años por homicidio.
El juez Luis Octavio Silva concedió la libertad a Facundo Martín Castro, de 50 años, y a su pareja, Jésica Vanesa C., en el marco de una causa penal por presuntas amenazas y violación de domicilio derivada de una disputa por la devolución de una vivienda en Santo Tomé. La resolución se adoptó el viernes 9 de octubre en los tribunales de Santa Fe, según informaron fuentes judiciales.
La fiscalía, representada por Manuel Cecchini, había solicitado la prisión preventiva de ambos imputados. El juez consideró que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios para mantenerlos detenidos y les impuso reglas de conducta: fijar domicilio en el barrio La Lona de la ciudad de Santa Fe, mantenerse a más de mil metros de la denunciante y de su entorno, abstenerse de ingresar a Santo Tomé mientras avance el proceso, no tener ni portar armas y no cometer nuevos delitos.
Versiones sobre el conflicto
Según la reconstrucción del fiscal Cecchini, el hecho ocurrió durante la siesta del feriado del 9 de julio. La pareja llegó en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos a una vivienda de calle Libertad al 4100, ingresó al patio delantero y amenazó a la ocupante. De acuerdo con la denuncia, Castro habría exhibido un arma de fuego que llevaba en la cintura.
La mujer declaró que le dijeron que la matarían delante de sus hijos y atribuyó a la acusada la frase: “No nos interesa si hay criaturas o gente mayor”. La denunciante vive con sus cuatro hijos, de 4, 8, 14 y 17 años, y su abuela, de 78. Durante la audiencia expresó: “Tengo miedo por mis hijos y mi abuela”. Y agregó: “Ellos no salen a ningún lado después de lo que pasó”.
La mujer aseguró que no conocía a los acusados antes del episodio. Explicó que ocupaba la casa a partir de un acuerdo con la madre de la imputada, por el cual podía permanecer allí sin pagar alquiler mientras se encargaba de las refacciones. El inmueble había sido incendiado por sus anteriores ocupantes y, según su relato, todavía conserva las huellas del siniestro.
“Yo había arreglado con la mamá de la chica que mientras arreglaba la casa no tenía que pagar alquiler”, sostuvo. Cuando le reclamaron la devolución, dijo, no tenía adónde ir. También reconoció que las condiciones del acuerdo cambiaron por decisión de la propietaria.
La defensa presentó otra perspectiva. Sostuvo que la mujer ocupaba irregularmente la propiedad y que la disputa debía analizarse en ese contexto. La madre de la pareja de Castro había denunciado por usurpación a la actual denunciante en el Centro Territorial de Denuncias el 14 de octubre de 2025 y en enero de 2026.
La fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como violación de domicilio y amenazas calificadas por el empleo de arma. En el marco de la investigación, el 6 de octubre la Policía de Investigaciones allanó la vivienda donde residía la pareja, en calle Violetas al 4200 de Sauce Viejo. Allí secuestró una motocicleta blanca y una campera tipo parka clara, coincidentes con las descripciones aportadas por la denunciante, aunque no encontró el arma mencionada.
Cecchini señaló que ninguno de los imputados negó su participación en el episodio, aunque ambos rechazaron la existencia del arma y de las amenazas.
Los antecedentes
Al solicitar la medida cautelar, el fiscal hizo hincapié tanto en la gravedad de los hechos atribuidos como en los antecedentes penales de Castro. También señaló la situación de vulnerabilidad de la denunciante y de su entorno familiar, integrado por niños y una persona mayor. La mujer imputada, en cambio, no registra antecedentes.
Castro participó de la audiencia por videoconferencia desde la cárcel de Coronda, donde estaba alojado bajo el régimen de alto perfil. Después de un cuarto intermedio, pidió la palabra para cuestionar que su pasado condicionara la valoración del caso.
“Quiero decir que he cometido delitos en mi vida y he pagado. Me pasé 20 años preso, tengo 50 años y por ser yo Facundo Castro me quieren condenar por mi pasado, por mis antecedentes terroríficos”, expresó. Luego afirmó: “Soy completamente ajeno al hecho, yo no tengo nada que ver”.
La defensora pública Lucía Mognaschi había solicitado la libertad de ambos acusados. Cuestionó la existencia de riesgos procesales y sostuvo que la declaración de la denunciante, por sí sola, no alcanzaba para tener por acreditadas las amenazas en los términos planteados por la fiscalía.
La decisión del juez
Al resolver, Silva reconoció que existía un conflicto por la vivienda y consideró que no había razones evidentes para suponer que la denunciante hubiera mentido. Sin embargo, señaló que el alcance de las amenazas era uno de los aspectos controvertidos y entendió que los elementos reunidos no justificaban la prisión preventiva.
Entre sus argumentos, ponderó que los acusados fueron detenidos varios meses después del episodio denunciado y que durante ese período no se registraron nuevos incidentes. “No es menor que la víctima no haya sido molestada en tres meses”, sostuvo.
El magistrado también consideró endebles los argumentos sobre un eventual entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, señaló que el temor manifestado por la denunciante no bastaba, por sí solo, para demostrar ese riesgo. Además, valoró que su reclamo apuntaba a que dejaran de molestarla, sin que hubiera pedido expresamente el encarcelamiento de los acusados.