Carlos P., de 69 años, padece un cáncer terminal con metástasis. Fue arrestado tras una disputa familiar en Granadero Baigorria donde se halló armamento de guerra. Su familia solicita la prisión domiciliaria por razones humanitarias
Carla, hija de Carlos P. (69), reclama que la Justicia revea la situación de su padre, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Oficina de Recepción de Detenidos (Order) a pesar de enfrentar un cuadro de cáncer en Fase 4.
La detención de Carlos ocurrió hace dos semanas en su vivienda de Granadero Baigorria. Lo que comenzó como un conflicto doméstico con su hijo —quien sufre problemas de adicción— terminó con una intervención policial y el secuestro de una pistola ametralladora calibre .22 con silenciador y mira telescópica, entre otras armas.
A raíz de este hallazgo, la Justicia dictó una medida cautelar de 90 días de prisión preventiva. Sin embargo, su familia asegura que el tiempo en la cárcel es, para Carlos, una sentencia de muerte anticipada.
«Fase 4 y metástasis»
El cuadro de salud del detenido es crítico. Según relató su hija en diálogo con Radiópolis (Radio 2), el hombre padece cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro e hígado. «Mi papá está en una fase 4 y necesita quimioterapia. Recientemente fue operado por un tumor cerebral y ni siquiera puede mover su pierna derecha», detalló Carla, evidenciando que el estado físico de su padre le impediría cualquier intento de fuga o peligrosidad.
La situación se agrava al observar el entorno familiar. La esposa de Carlos y madre de Carla también se encuentra convaleciente tras una operación de columna que le impide la movilidad. Hasta el momento de la detención, ambos ancianos se cuidaban mutuamente en su domicilio.
«Mis viejos viven solos. Yo vengo todos los días, les limpio, les cocino y les hago los mandados», explicó la mujer, subrayando que la detención de su padre ha dejado a su madre en una situación de vulnerabilidad absoluta.
El pedido a las autoridades
El reclamo se centra en que se le otorgue la prisión domiciliaria. Aunque el delito de tenencia ilegal de arma de guerra es grave, la defensa y la familia apelan a los tratados de derechos humanos y a las facultades que otorga el Código Penal para permitir que personas con enfermedades terminales atraviesen sus últimos días en un entorno digno.
“Estamos desesperados, necesito que las autoridades me escuchen. No puede terminar así”, concluyó su hija, a la espera de una respuesta judicial que determine si Carlos P. recibirá el tratamiento médico necesario fuera de los muros de la Order.