El gobierno utiliza el eufemismo de «Modernización Laboral» para referirse al proyecto de ley de Reforma Laboral. Todo un símbolo de los tiempos en el que las cosas se presentan por las clases dominantes exactamente como su contrario: una verdadera vuelta a la esclavitud. O una especie de esclavitud moderna.
El proyecto de ley elaborado por los estudios de abogados de las grandes empresas del país se compone de 197 artículos, ninguno de ellos lógicamente favorable a los trabajadores, y todos y cada uno de ellos pensado científicamente para mejorar las condiciones de explotación laboral y de incremento de las ganancias del capital.
Entre los principales ataques a los derechos laborales, que la clase trabajadora conquistó tras 200 años de lucha, se encuentran: la flexibilización de la jornada laboral y el fin de las horas extra; la fragmentación de derechos atacando los convenios colectivos de trabajo; vacaciones y ritmos de trabajo a merced de las necesidades de las patronales; la reducción y abaratamiento de las indemnizaciones; la criminalización del reclamo y ataque al derecho a organizarse, por ejemplo, impidiendo la realización de asambleas; el incremento de la precarización laboral. Entre tantos otros puntos.
Te puede interesar: Reforma laboral de Milei: cinco claves del ataque a los derechos de la clase trabajadora
Te puede interesar: Reforma laboral de Milei: cinco claves del ataque a los derechos de la clase trabajadora
La reforma laboral que comenzará a tratarse el próximo 10 de febrero en el Senado no sólo retrotrae prácticamente las relaciones laborales a la esclavitud, sino que agrega también reducciones impositivas y tributarias millonarias que favorece a grandes empresas.
En particular, incluye una rebaja del impuesto a las Ganancias de sociedades de la que poco se habla pero representa una perdida de recaudación de 0,22% del PBI, o 1,9 billones de pesos, según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). De ese total, al Gobierno el gobierno dejaría de recaudar el 42% ($790.000 millones) y al conjunto de provincias y CABA le corresponde una pérdida anual de $1,12 billones.
La principal modificación está en el artículo 191 del proyecto, en donde se establece una rebaja del 30% al 27% en la escala intermedia del impuesto a las Ganancias de sociedades, y una rebaja de 35% al 31,5% en la escala más alta del impuesto que pagan las empresas.
Según constató Guadalupe Bravo, la modificación en la escala del impuesto concentrado en el tramo 2 y 3, es decir, en las empresas que presentan mayores ganancias netas anuales (lo que ya de por si suele estar mediado de enormes maniobras contables para pagar menos), abarca a solamente el 10,6 % las empresas, las que serán beneficiadas por este cambio. Y de acuerdo al ex Director General de Aduanas , Gustavo Michel, este beneficio fiscal se concentra mayormente ”en solo 144 grandes empresas”. ¿Cuáles son esas empresas?
Así también, la reforma laboral prevé una reducción general de contribuciones patronales que desfinancia a la seguridad social y abre la puerta a la reforma previsional (incremento edad jubilatoria y quiebra definitiva del sistema solidario de reparto para volver a las AFJP). Se estima que esta transferencia de recursos implica cerca de 1 punto del PBI, o un tercio de los ingresos de contribuciones patronales del sistema. Al borde de llevarlo a la quiebra para que vuelva el negocio de las AFJP y la suba de la edad jubilatoria.
No a la traición de la CGT. Hay que derribar la reforma laboral en las calles
Patricia Bullrich ya aseguró que a partir de este viernes 16 hasta el 26 de enero comenzará a funcionar una “comisión técnica”, que va a estar a cargo de Josefina Tajes, una abogada laboralista y asesora de LLA en el Senado, para «pulir el dictamen de la reforma» para que llegue al recinto en consenso mayoritario. Es decir, aceptar algunos cambios menores para lograr que pase lo central del ajuste con el apoyo de los sectores «opositores» del radicalismo y del peronismo con peluca y de los gobernadores.
Pero sobre todo, busca el apoyo de las conducciones sindicales, en particular de la CGT, para evitar un rechazo masivo del movimiento obrero ocupado, precarizado y desocupado en las calles. Y los dirigentes de la central de trabajadores están haciendo lo solicitado: lejos de dar una respuesta a la altura de semejante ataque, haciendo sentir todo el peso que tiene la mayoría trabajadora del país en la economía y la sociedad, continúan con su traición e inmovilismo.
Es necesario preparar la mayor organización y fortaleza hacia el 10 de febrero, empezando por apoyar cada lucha de las y los trabajadores contra despidos, demandas salariales y contra la flexibilización laboral, para llegar lo mejor preparados posible al momento en que se trate la contrarreforma laboral en el Congreso. Como están haciendo los trabajadores de Lustramax, en Tortuguitas, enfrentando la prepotencia patronal.
No se puede tener ninguna confianza en el Congreso, en la que ya se demostró que los legisladores de los espacios mayoritarios no tienen ningún problema en votar ataques brutales a la clase trabajadora, como pasó con la Ley Bases o el nulo rechazo al DNU 70/2023, y gran parte de los vetos de Milei (con excepción de Universidad y emergencia en discapacidad que se ganaron con una enorme pelea en las calles).
El 10F hay que enfrentar el plan del Gobierno, siendo cientos de miles en las calles y rodeando el Congreso. En necesario imponerle a la burocracia sindical en los lugares de trabajo un paro nacional activo ese día y un plan de lucha continúe hasta derrotar el plan de Milei, sus aliados y el FMI.