Avanza la investigación sobre el estudiante que disparó en una escuela de San Cristóbal

La Justicia provincial realizó la primera audiencia formal del caso. Por la edad del adolescente, de 15 años, no se puede solicitar una pena privativa de libertad bajo la normativa vigente hasta septiembre.

Este lunes por la noche, mientras se realizaba una vigilia en San Cristóbal por el fallecido Ian Cabrera (13), se llevó a cabo la primera audiencia judicial sobre el estudiante que disparó en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno, hecho que resultó en un homicidio y dos heridos. Fuentes oficiales confirmaron que, debido a que el agresor tiene 15 años, la Justicia provincial solo puede dictar medidas de protección personal, ya que la modificación legal que permite sanciones desde los 14 años entrará en vigencia recién en septiembre.

La investigación está a cargo de la fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) de Rafaela, con asistencia del fiscal Mauricio Spinosa, radicado en San Cristóbal. La defensa del adolescente, a cargo de la abogada Mariana Oroño, informó que la audiencia fue formal y sirvió para que el juez autorice que el joven continúe alojado en un establecimiento asistencial para menores. «Por el momento va a permanecer allí, es lo más seguro para él y también para terceros», señaló la letrada.

Oroño estimó que entre el jueves y el viernes se realizará una audiencia de atribución de cargos. Aclaró que el traslado del adolescente a la capital provincial fue transitorio y que se buscará un centro adecuado para su contención y tratamiento. «Seguramente con posterioridad se designará algún otro centro que pueda contenerlo y tratar la problemática adecuadamente», anticipó. El equipo jurídico descartó que el joven regrese a su hogar en el corto plazo y enfatizó la necesidad de la intervención de todas las áreas del Estado.

Por su parte, autoridades del Ministerio de Educación provincial y los asesores legales coincidieron en que no existían reportes previos de bullying u otros conflictos con el alumno involucrado. La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, expresó: «No había ningún indicio en la escuela de que pudiera pasar una situación así. Todos nos preguntamos qué pasó».

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, recordó que el adolescente estuvo bajo custodia policial desde el primer momento y que continúan las entrevistas y requisas. Remarcó que el foco actual está en el cuidado de la familia del menor fallecido. El procedimiento judicial continúa bajo los lineamientos del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe, que incluye la evaluación de un equipo técnico interdisciplinario y garantiza el derecho a ser escuchado a las víctimas.

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