En medio de un aumento de los precios y la controversia por el caso del Jefe de Gabinete, la administración de Javier Milei mantiene su rumbo económico mientras evalúa su estrategia política.
El Gobierno nacional atraviesa un momento complejo marcado por la aceleración inflacionaria y el desarrollo del denominado «caso Adorni». El presidente Javier Milei reconoció que el índice de precios de marzo, del 3,4%, es negativo, calificándolo de «repugnante» durante un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham).
Este dato económico representa un desafío para la gestión, cuya bandera principal ha sido la reducción de la inflación. El fenómeno pone a prueba las explicaciones oficiales y ocurre en un marco donde, según diversas encuestas, una mayoría de la población responsabiliza a la actual administración por los problemas económicos.
Frente a este escenario, el Presidente ha ensayado un discurso dual: por un lado, pide paciencia a la ciudadanía y promete mejores tiempos; por otro, ratifica ante los mercados su compromiso con el superávit fiscal y el ajuste. Se resiste así a los llamados, incluso desde sectores aliados, a flexibilizar algunas medidas para reactivar la actividad, aún a riesgo de una inflación estancada en niveles elevados.
En paralelo, la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cobró nuevo impulso tras confirmarse judicialmente un viaje a Aruba. El caso se ha transformado en una prueba de autoridad para el Ejecutivo, que ha respondido mostrando públicamente a Posse en actividad, acompañando tanto al Presidente como a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en diversas agendas oficiales.
Internamente, la coalición oficialista enfrenta tensiones, con aliados que se muestran menos cooperativos en un contexto de caída en las encuestas de opinión. El Gobierno mantiene una serie de proyectos legislativos en carpeta, aunque encuentra dificultades para retomar la iniciativa política en un clima de alta tensión.