Legisladores y referentes de derechos humanos denunciaron haber sido expulsados de Bolivia. El canciller argentino informó que se verificaron irregularidades en el ingreso.
Una misión integrada por legisladores argentinos y referentes de organismos de derechos humanos denunció haber sido expulsada por el gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz Pereira. La comitiva viajó al país vecino con el objetivo de realizar un relevamiento de la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan en territorio boliviano.
Según informaron los integrantes de la misión, al llegar este lunes a la madrugada al aeropuerto de El Alto, las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos, los obligaron a abordar un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra y los enviaron de regreso a Argentina.
La comitiva está compuesta por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO) Vanina Biasi; la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; la representante de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A) María José Cano; y la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Alejandrina Barry, entre otros.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Biasi sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y afirmó que la situación en Bolivia corresponde a “una verdadera dictadura militar”. “Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.
Barry, por su parte, declaró que no los dejaron bajar del avión y que el trato recibido “fue igual al de un secuestro”. Indicó que las autoridades bolivianas quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.
En un comunicado, la misión humanitaria sostuvo que fue “convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano”. El texto calificó la expulsión como “una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos” y señaló que “atentó contra los fueros diplomáticos” de los legisladores Marino y Biasi. Además, describió el accionar de Paz Pereira como “dictatorial”.
El comunicado también afirmó que “la represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo”.
Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, emitió un comunicado en el que señaló que el gobierno boliviano ejerció sus “facultades soberanas” para deportar a la misión. Quirno indicó que “en el día de la fecha, arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada ‘Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos’, con el autodeclarado propósito de ‘realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos’”.
El canciller precisó que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas” para ingresar al país, y mencionó irregularidades en cuestiones vinculadas al “cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, por lo que las autoridades bolivianas “decidieron no admitir su ingreso”. El comunicado concluyó: “Ante esta situación, la Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”.
El jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP), Germán Martínez, exigió a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe. “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.