Los ministros del máximo tribunal mantendrán una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja para debatir los alcances del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el funcionamiento de los jueces penales.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió invitar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados a una reunión para este jueves a las 11, con el objetivo de analizar los alcances del mensaje enviado el 7 de mayo por el Poder Ejecutivo. Dicho mensaje propone cambios en el funcionamiento de los jueces del fuero penal, iniciativa que ha generado resistencias en el ámbito judicial.
La Corte recibió una nota de la Cámara de Diputados que invitaba a los ministros y a representantes del colegio de jueces penales a asistir a la reunión de la Comisión para analizar el proyecto que reforma la Ley N.º 13.018 y el Código Procesal Penal. En la comunicación, se dejó abierta la fecha y el horario a propuesta del Tribunal, solicitando días y franjas horarias convenientes, así como la nómina de asistentes.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini (Partido Socialista), confirmó que el grupo de la Cámara se trasladará al primer piso de Tribunales para abordar el tema. El proyecto tiene tratamiento preferencial para la sesión de ese día, aunque no llegaría al recinto salvo que surja un amplio acuerdo durante el encuentro.
Previamente, la Corte receptó las quejas de los cinco presidentes de los colegios de jueces penales de la provincia, quienes solicitaron una audiencia. Los ministros pidieron que las objeciones fueran presentadas por escrito, y los colegios las hicieron llegar de manera individual al no lograr un texto único. En las notas, se propone “la consolidación de una instancia de diálogo interpoderes e interinstitucional que permita, sobre la base de estadísticas completas, serias y transparentes, definir objetivos realistas del sistema penal y garantizar un funcionamiento armónico del mismo”.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial también remitió una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, con el mismo criterio de sentar a los actores del sistema penal en una mesa de diálogo.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, sin importar su asiento territorial. Según el Ejecutivo, este diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo. En el Poder Judicial, se sostiene que el criterio implicaría que los jueces ya no estén presentes físicamente en las audiencias, sino de forma virtual, lo que desvirtuaría parte de los objetivos del sistema penal.
Además, el proyecto dispone que la asignación de causas sea mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial; fortalece el rol de esta oficina como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos; y conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión para la política carcelaria y la ejecución penal.
Los colegios penales señalaron a la Corte que las leyes penales han sufrido varios cambios en la actual gestión de gobierno. En una de las notas, indicaron: “Quizás, sin renunciar a las facultades conferidas por la Constitución Provincial y por el sistema democrático a los poderes constituidos, habría que explorar otras alternativas que no sean la sucesiva reforma normativa -sin análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de sus implicancias-, que procuren diagnosticar correctamente para luego definir las líneas de acción más acordes a las necesidades detectadas”.
La Corte analizó el tema el viernes en el pleno y resolvió invitar a la comisión de Diputados, unificando la posición institucional frente a los cambios.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General es presidida por Lionella Cattalini (Partido Socialista), con Emiliano Peralta (Somos Vida) como vicepresidente. La integran los socialistas Joaquín Blanco y Rubén Galassi; los radicales José Corral y Ximena García; el oficialista Ariel Bermúdez (Creo); las justicialistas Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Celia Arena; y la libertaria Silvia Malfessi (Somos Vida). No tienen representación la izquierda del Frente Amplio por la Soberanía ni los bloques unipersonales.
En otro orden, la diputada justicialista Celia Arena presentó un pedido de informes sobre la inversión y los resultados de las nuevas tecnologías en seguridad pública, como los sistemas Lince, BriefCam y la plataforma de Evidencia Digital. El pedido busca conocer el monto total invertido en licencias y mantenimiento, la cantidad de agentes capacitados y su área de asignación, y el impacto real en el esclarecimiento de delitos y causas judiciales.
Finalmente, la Comisión de Salud de Diputados, presidida por la socialista Varinia Drisun, recibirá este miércoles al secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa; a la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín; y a la directora de Salud Mental, Victoria Mancini, para responder pedidos de informes sobre la materia.