El Ejecutivo provincial publicó el Decreto 1599/2026 con la política salarial docente, que incluye un incremento escalonado del 10,1% y compensaciones por inflación. La medida se conoció en una jornada de paro nacional convocado por Ctera, con adhesión de Amsafe en la provincia.
El Gobierno de Santa Fe oficializó este lunes 3 de agosto, mediante el Decreto 1599/2026, la política salarial para docentes correspondiente al segundo semestre de 2026. La norma establece un incremento del 10,1% que se abonará de forma escalonada sobre los salarios de junio de 2026, con el siguiente cronograma: 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre y diciembre.
El decreto incorpora una compensación para aquellos docentes cuyos salarios de bolsillo durante el primer semestre hayan aumentado menos que la inflación medida por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). En esos casos, se reconocerá una suma no remunerativa y no bonificable para equiparar el incremento al 17,1%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor provincial acumulado hasta junio.
Además, la norma garantiza que el aumento no sea inferior a determinadas sumas de bolsillo por cargo: 80.000 pesos desde julio, 100.000 pesos desde agosto, 130.000 pesos desde octubre y 180.000 pesos desde diciembre, mediante sumas fijas no remunerativas y no bonificables, que serán absorbidas por incrementos posteriores. También mantiene las sumas no remunerativas excedentes otorgadas en acuerdos anteriores y autoriza a la Caja de Jubilaciones provincial a trasladar proporcionalmente los incrementos al sector pasivo docente.
En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó que la jornada se desarrolló con normalidad en el sistema educativo santafesino. “En Santa Fe, en el día de hoy, las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad en todo el territorio provincial”, sostuvo, en referencia al paro nacional al que adhirió Amsafe.
La funcionaria indicó que el Gobierno mantiene un sistema de monitoreo mediante declaraciones juradas para determinar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y recordó que el plazo para presentarlas vence este miércoles. A los docentes que no hayan dado clases se les descuenta el día, además de afectar el cobro del premio a la Asistencia Perfecta.
Como dato preliminar, el Gobierno informó mediante un parte complementario que relevó 3.151 escuelas, equivalentes al 81% del total, y aseguró que solo cuatro establecimientos permanecieron cerrados, lo que representa el 0,13% del sistema educativo provincial.
Con respecto al rechazo sindical a la oferta salarial, Coudannes cuestionó los porcentajes difundidos por los gremios: “Es difícil poder pensar que el 90% de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real, porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, expresó.
Consultada respecto de que algunos establecimientos públicos registraron poca presencia de chicos, respondió que todas las aulas estuvieron cubiertas para garantizar el dictado de clases y apeló al compromiso de las familias: “Es importante que desde el Estado abramos las puertas de las escuelas. También siempre apelamos al compromiso de la familia en el trayecto educativo de los niños y las niñas”, afirmó.
Durante la jornada, el sindicato Amsafe difundió imágenes de escuelas con escasa presencia de estudiantes y aseguró que la baja asistencia constituyó “una muestra del acompañamiento de muchas familias a los reclamos por mayor financiamiento para la educación pública”.
La huelga fue convocada por Ctera bajo el argumento de que el Gobierno nacional mantiene paralizada la paritaria docente y continúa el desfinanciamiento del sistema educativo. Entre los principales reclamos figuran la convocatoria urgente a la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo, mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas, además del rechazo a la reforma jubilatoria y al proyecto de ley de libertad educativa impulsado por la Nación.
El Gobierno nacional decidió supervisar por primera vez el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo durante un paro docente, al considerar que la educación es un servicio esencial según la Ley 27.802. El Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar que se garantizara al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, con controles a cargo de inspectores de la Secretaría de Trabajo. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno advirtió que evaluaría la aplicación de sanciones económicas a los sindicatos.
Desde el Gobierno santafesino se dispuso que el Ministerio de Educación no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes.