El juez Martín Cormick convocó a una audiencia de conciliación para el viernes 21 de agosto. La rectora de la UNL confirmó que el CIN solicitará el cumplimiento de la cautelar firme.
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá una nueva instancia judicial el próximo viernes 21 de agosto, cuando representantes del Gobierno nacional y del sistema universitario participen de una audiencia de conciliación convocada por la Justicia. La citación fue realizada por el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que había hecho lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La audiencia se realizará después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme, en junio, la medida que obliga al Estado nacional a aplicar aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, confirmó a El Litoral que el CIN definió su posición en la última reunión del comité ejecutivo. “Lo que acordamos, todos los que formamos parte del comité ejecutivo, que somos los presidentes y los vicepresidentes de las diferentes comisiones, sumados a la presidencia y a la vicepresidencia del CIN, es solicitar que se cumpla la cautelar”, indicó.
Tarabella remarcó que, para el sistema universitario, la situación judicial ya no está pendiente de una definición de la Corte Suprema. “La cautelar está firme, con el último fallo de la Corte Suprema, y esa es la posición que va a llevar el sistema. Es decir, hay un fallo firme y queremos que se cumpla”, dijo este viernes en declaraciones periodísticas a Cable y Diario.
La decisión del máximo tribunal, adoptada el 25 de junio, rechazó el planteo del Poder Ejecutivo y dejó vigente la medida cautelar dictada en el marco de la demanda iniciada por el CIN. La resolución mantiene la obligación de aplicar los artículos de la Ley 27.795 alcanzados por la cautelar.
Qué fondos llegaron
Mientras continúa la disputa judicial, las universidades recibieron parte de los recursos acordados con el Gobierno el 10 de junio, antes del cierre del primer semestre. Esa acta paritaria fue suscripta por la mayoría de los gremios docentes y no docentes universitarios (a excepción de Conadu Histórica) y establecía un incremento salarial acumulado del 24,33%, pagadero en dos tramos (21,33% en junio y 3% en octubre), además de actualizaciones presupuestarias y fondos para hospitales universitarios.
Según detalló Tarabella, “se giraron los aportes correspondientes de incrementos salariales, tanto para docentes como para no docentes, el 21,3%, tal como estaba pautado, y lo que corresponde a las becas Manuel Belgrano, que era uno de los tipos de becas que estaban comprendidas dentro de ese artículo 6”.
La rectora distinguió esos recursos de otros componentes previstos en el esquema de financiamiento. En particular, señaló que las universidades recibieron las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento que ya estaban establecidas, pero no el incremento reclamado. “No se giró la otra cuestión que refiere al incremento de los gastos de funcionamiento. Sí se giró lo de los gastos de funcionamiento que estaban establecidos, pero no ese aumento del 20%”, confirmó.
La situación también presenta diferencias respecto de los hospitales universitarios. Tarabella aclaró que la UNL no cuenta con hospitales propios y señaló que, según la información que maneja el sistema, los fondos correspondientes están llegando de manera dispar. “En algunas universidades lo han recibido, en otras no”, adujo.
El punto que vuelve a la Justicia
El eje de la discusión está puesto en qué parte de los compromisos de financiamiento ya fue efectivamente transferida y qué componentes permanecen pendientes.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. Tras el rechazo del veto legislativo, el Gobierno dispuso mediante el Decreto 759/25 la suspensión de su ejecución, lo que derivó en el planteo judicial del CIN. La Justicia concedió una cautelar y, luego de distintas instancias de apelación, la Corte Suprema dejó firme esa decisión.
“El acta se firma antes del fallo de la Corte, por eso lo que se pide ahora es que se defina lo que dispone la cautelar y se hagan efectivos esos dos artículos de la Ley de Financiamiento: el 5° y el 6°”, agregó Tarabella. Esos artículos se refieren a la actualización de los salarios de docentes y no docentes y al financiamiento de programas y becas destinados a estudiantes.
La audiencia de conciliación se realizará en medio de paros docentes, uno de los cuales se realizó el pasado miércoles y que tuvo como protagonistas tanto a no docentes como docentes. En tanto, Conadu Histórica -junto a su gremio de base en la UNL- ya anunció una “semana de paro nacional de la docencia universitaria del 18 al 22 de agosto” -tras el feriado del lunes 17-, por lo que la protesta continuará durante 5 jornadas consecutivas.